Como ya lo veíamos venir, el pasado domingo 4 de abril por fin iniciaron las campañas electorales para las diputaciones federales y las gubernaturas que hacían falta. Este proceso electoral se distinguirá de los demás porque será el más grande y complejo: grande por la cantidad de puestos públicos a elegir y complejo por los riesgos que esto conlleva (El Economista, 2020).
Bajo esta lógica, como buenos mexicanos sabemos que en nuestros procesos electorales se escucha de todo, menos de las propuestas que son prácticamente la esencia de los comicios. Hasta pareciera que la forma para ganar las elecciones es atacar a los contrincantes a través de noticias falsas y revelando su pasado en lugar de señalar la baja calidad de sus propuestas.
Un ejemplo de lo anterior se vio el lunes pasado porque surgió un escándalo sobre un supuesto audio de Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Tlalpan, diciendo que se “chingaría” 25 de los 40 millones destinados para la campaña electoral de su partido. Posteriormente, salió a la luz que fue un audio editado y también parte de una campaña negra en su contra.
En fin, muchas personas pueden ver este tipo de situaciones como algo normal en cada proceso electoral, sin embargo, yo lo considero una deformidad de nuestra democracia porque implica que cualquiera puede crearse un perfil falso, compartir noticias falsas y salir impune.
Dicho de otro modo, imagínense que van a competir por primera vez en las elecciones para un puesto público y cualquiera se puede dedicar a denigrar su persona y honor mediante noticias falsas sin sanción alguna. Eso no tiene nada de justo, pero, desgraciadamente, es algo normal en nuestra cultura electoral.
En este sentido, si bien es cierto que las instituciones electorales en nuestro país hacen un buen trabajo regulando nuestro sistema electoral, también lo es que requiere apoyo técnico para que las elecciones sean lo más justas posibles y puedan prevenir tanto los delitos como los crímenes electorales.
Por un lado, los delitos electorales son todos aquellos contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre los que destacan: votar más de una vez en una misma elección, obstaculizar el traslado y entrega de los documentos electorales, así como utilizar recursos de procedencia ilícita para las campañas.
Por otro lado, los crímenes electorales se pueden considerar como el conjunto de acciones que vulneran directa o indirectamente el adecuado y justo desarrollo de la función electoral, así como las que ponen en riesgo la esencia de nuestra democracia. Permítanme ilustrarles lo anterior con un ejemplo.
Imagínense que existe un municipio en donde el alcalde es Juan, un hombre que ya gobernó por dos periodos consecutivos y que es acusado de ejercer violencia de género contra una funcionaria municipal al grado de que lo anexaron al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).
Bajo esta perspectiva, Juan llega a un acuerdo monetario considerable con la funcionaria para olvidar el proceso jurídico y así deslindarse del RNPS. De este modo, Juan podrá contender de nuevo para un puesto de elección popular.
Dicho lo anterior, ¿se puede considerar que el arreglo monetario le quitará lo machista a juan?, ¿evitará que siga ejerciendo este tipo de violencia en un futuro? O ¿estos hechos en que aportarían a nuestra democracia? Por supuesto que no y en nada. La realidad es que 1) Juan es un político tanto machista como corrupto y 2) el sistema electoral podría eliminar este tipo de lagunas, pero debe tener un área especializada para lograrlo.
En este contexto, la idea es crear una oficina con criminólogos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) dedicada a diseñar e implementar medidas para prevenir tanto los delitos como los crímenes electorales. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debería hacer lo propio, pero con el único objetivo de contribuir a la administración de justicia.
¿Por qué criminólogos? Porque son los profesionales expertos en la prevención de la criminalidad debido a que analizan los factores de riesgo utilizando herramientas innovadoras y siguiendo metodologías rigurosas. Nada más por eso.
En suma, la propuesta de crear una oficina con criminólogos en el INE y el TEPJF para prevenir delitos y crímenes electorales, así como para contribuir a la administración de justicia en este ámbito de aplicación responde a la iniciativa de desarrollar una nueva rama especializada en la materia: la criminología electoral.
Para finalizar, el desarrollo de esta especialidad es necesaria porque, a través de instrumentos innovadores y metodologías rigurosas, puede contribuir en gran medida al pleno y justo desarrollo de la función electoral, así como a la defensa de nuestro Estado democrático de derecho.
¿Y usted qué opina?
Fuente: Instituto Nacional Electoral (2020)
