Por: Mtra. Cynthia Selene Leal Antúnez
Abogada y Maestra en Derecho Ambiental y Política Pública
El acuerdo que emite la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), echó abajo el anterior modelo de confiabilidad publicado en el 2017 en el que se basaba la política del SEN y la redefinió.
La Administración Federal actual, observó que el anterior concepto de confiabilidad correspondía únicamente al mercado de balance de potencia y de subasta de energía; sin tomar en cuenta las insuficiencias en la seguridad de despacho que se relacionan con la continuidad, calidad y seguridad de la operación del SEN. En un lenguaje más claro, existían diversas fallas en el sistema que impiden la fluidez de energía, que provocan desabasto a usuarios finales, así como las incompetencias operativas de la generación de energías limpias que solo enriquecían a inversionistas.
Dicho acuerdo no propone reforma legal alguna al marco jurídico actual, por el contrario, reitera las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que dirige las cuestiones administrativas generales; y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que regula el control técnico y operativo del SEN, así como del resto de los institutos que colaboran con estos y con la Secretaría de Energía (SENER). Limitándose con esto al cambio de política pública.
El objetivo de la no tan nueva política del SEN, consiste “simplemente” en establecer los lineamientos generales de planeación y operación racional e integral, tomando como base la demanda y consumo, además de fortalecer la planificación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas del Estado, así como de sus filiales y subsidiarias, promoviendo con ello una planificación integral que garantice un servicio de interés público y universal.
El actual concepto de confiabilidad se centra en la suficiencia y seguridad de despacho (calidad y continuidad en la generación, trasporte y distribución de energía). Esto es el balance de la potencia activa del SEN en todo momento. Dando equilibrio al balance de producción y consumo de energía para cualquier hora/día/ mes del año, en cualquier región y zona, de modo que no se vea interrumpida, tomando como base la eficiencia económica. Hecho que se logrará al permitir el aprovechamiento de todos los recursos para la generación de electricidad, a fin de evitar la interrupción en su generación, transportación y distribución.
Aunque la duda surge al leer “todos los recursos”, se sabe que esto incluye también combustibles fósiles. Este resulta uno de los puntos clave de la discusión social, pues de acuerdo con esta nueva política, las energías limpias no son una fuente segura, pues depende de la disponibilidad de los recursos naturales. Además de considerar que existe saturación en algunas regiones y/o zonas del país que dejan en estado de desequilibrio otras zonas, generando entonces una desigualdad. Es así que dentro de los 32 nuevos conceptos, se encuentran la central eléctrica flexible y a capacidad de respaldo por variabilidad, que consiste en centrales eléctricas con capacidad de adaptarse a las condiciones dinámicas de la SEN, derivado de la variabilidad en las energías limpias intermitentes, la naturaleza demandada, fallas, los efectos de nubosidad en la irradiación solar en caso de energía solar o cambios de velocidad del viento en caso de energía eólica, los elementos de transmisión, a fin de no entorpecer el flujo de las centrales.
Si bien no excluyen el uso de energías limpias, limitan su impulso para dar entrada a un modelo en el que se haga uso de distintos recursos para garantizar la fluidez en las redes de energía. Hecho que de acuerdo con la actual Administración Pública Federal, ya existía.
Ahora bien, ¿Quiénes participarán en el mercado? Queda claro que esto es algo que se tenía perfectamente estructurado pues todos los actores del sector público, incluyendo órganos administrativos desconcentrados, así como del sector privado, participantes del mercado e interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica para esta política, serán aquellos que hayan presentado sus propuestas de planeación de impacto en el control operativo a la SENER a más tardar en junio del año previo a la publicación del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).
El PRODESEN se publicó el junio de 2019. Motivo por el cual mencioné que no se trata de una política tan nueva, que consiste en una planeación anual con un horizonte a quince años; esto es a 2033, en el que se describe en su totalidad el esquema de tal política.
Para quienes argumentan que el modelo de política anterior violentaba los derechos de las comunidades a una consulta pública para el uso (renta) de sus terrenos para infraestructura eléctrica, y qué este nuevo esquema tiene como prioridad reconocer los derechos de las comunidades, les informo que en un aproximado de 46 hojas solo refiere en una ocasión que deberá propiciarse una expansión eficiente de la industria eléctrica, respetando los derechos humanos de las comunidades y pueblos, refiriéndose a la distribución del servicio. Mientras que el PRODESEN desglosa la necesidad del servicio en tan solo 4 párrafos.
Sin duda es una política arriesgada que pone en juego los avances a acuerdos y tratados internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, así como en las negociaciones internaciones en la matriz de energía, que aparenta volver a lo que describe el actual diputado Porfirio Muñoz Ledo como a la idea sumisa de “Petrosaurio” que por años se intentó defender.