¿Pérdida de empleo? El Gobierno Mexicano, el principal responsable.

México enfrenta actualmente una crisis económica y social sin precedentes, la cual demanda de la actuación oportuna, diligente y responsable de las autoridades en todos los niveles de gobierno; lo anterior, bajo estricto apego al Estado de derecho, así como en ejercicio de sus atribuciones y competencias contenidas en la ley. 

¿Cómo estamos? De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el primer cuatrimestre del dos mil veinte, la generación de empleos formales en México fue de -493 mil 746 puestos de trabajo, la cifra más baja en la historia del país. Asimismo, el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, declaró que, aproximadamente se perderán alrededor de un millón de empleos. ¡De ese tamaño la crisis!

Si bien es cierto que, el reto principal es salir en la medida de lo posible lo menormente afectados en términos de salud pública,  lo anterior, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad denominada por la comunidad científica como (COVID-19). No menos cierto es que, no debemos perder de vista los temas estructurales y los temas de fondo, me refiero a la situación económica del país, el desarrollo social de la población y la estabilidad laboral de los mexicanos. 

En materia de salubridad general, el Gobierno de México, ha actuado de manera responsable y oportuna en razón de que dictó una serie medidas preventivas consistentes en una política de distanciamiento social y otras estrategias técnicas para frenar la propagación del virus en el territorio nacional, mismas que han dado resultados que, aunque no son los esperados, sí podemos hablar resultados regulares que salvaron vidas humanas. 

No obstante, en materia económica, las autoridades gubernamentales han apostado por no incentivar la productividad a través del apoyo a las empresas que resultan más afectadas por esta crisis, me refiero a las consideradas como sectores no esenciales, mismas que, a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria por casusas de fuerza mayor, dictada el pasado 30 de marzo del presente año, se vieron obligadas a detener sus operaciones y actividades de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 

Lo anterior es a todas luces un error, debido a que quienes generan riqueza, competitividad y empleo son precisamente las empresas. Por lo tanto, si éstas no son apoyadas por el gobierno, se ven obligadas a reducir salarios de la clase trabajadora, a pesar de que este hecho no tenga ningún fundamento legal y es, dicho sea de paso, violatorio de derechos laborales, pero no existe otra forma de seguir adelante si no es reduciendo salarios y personal, lo cual afecta directamente a las clases y sectores más vulnerables.

Los resultados son alarmantes y la pérdida de empleos formales se debe, en gran medida, a la actuación inoportuna e irresponsable del gobierno mexicano en el terreno económico; veremos si el Presidente y su equipo de trabajo son capaces de recomponer el camino y salir delante de la crisis. Es lo que queremos todos.