El pasado 11 de mayo revivió el debate y discusión en redes sociales sobre la militarización de la seguridad pública en México a raíz de la publicación del ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en el Diario Oficial de la Federación.
Para ser sincero, me impresiona la cantidad de eruditos de la seguridad que se encuentran en los medios de comunicación, sin embargo me parece de gran importancia que sepamos diferenciar entre militarización y debilidad institucional.
Bajo esta lógica, me gustaría recomendar que evitemos la desinformación, pero a estas alturas es prácticamente imposible debido a la infodemia. Ahora bien, a mi no me gustan las generalidades porque suelen derivarse errores, como es el caso de asumir la militarización de la seguridad pública debido al apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional.
La principal razón de lo anterior se encuentra en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En éste podemos ver la definición de la seguridad pública y a grandes rasgos establece que existen cuatro ámbitos de aplicación: prevención/reacción, administración de justicia, procuración de justicia y reinserción social. Bajo esta perspectiva, cabe mencionar que las instituciones de cada ámbito son las corporaciones policiales, las fiscalías, los tribunales del poder judicial y los centros penitenciarios, respectivamente.
Dicho esto, quiero enfatizar que militarizar la seguridad pública implicaría que los militares tomaran el control administrativo de las instituciones que integran todos y cada uno de los ámbitos de aplicación que ya mencioné. El problema que yo veo con la confusión pública sobre el tema es que los eruditos piensan que esta función del Estado mexicano se limita a las instituciones policiales, pero ya nos dimos cuenta que abarca mucho más que eso. Si lo quisiéramos ver en porcentajes, las corporaciones policiales constituirían un 25% de esta función.
Desde mi punto de vista, el problema real es la debilidad de las instituciones de seguridad ya mencionadas. Lo veo así porque si fueran capaces de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos eficientemente, es decir, si fueran instituciones sólidas que logran sus objetivos, no sería necesaria la intervención de las Fuerzas armadas en las tareas de seguridad.
Para finalizar, la verdad es que el Estado mexicano está muy lejos de militarizar la seguridad pública en su totalidad como se especula en las redes sociales, sin embargo, lo que no se puede negar es que somos testigos de una preocupante debilidad de las instituciones que administran la seguridad. Pero eso, queridos colegas, es harina de otro costal.
¿Y ustedes qué opinan?
