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Aseguran que Tren Maya daña el ambiente y viola los derechos

En una carta al presidente, activistas aseguran que el proyecto ha sido opaco por la ausencia de información y que sólo beneficia a grandes consorcios empresariales.

Por considerar que las obras afectan directamente a comunidades indígenas y generan graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán, 159 organizaciones y 85 activistas se pronunciaron este martes contra la construcción del Tren Maya.

En una carta dirigida este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron las serias consecuencias ambientales del proyecto y los atropellos a los derechos y garantías de la población local.

A pesar de que existen diversos amparos que ordenan la suspensión del proyecto y cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental del proyecto, señalan en el documento, López Obrador, en una gira por el sureste, dio el banderazo de salida desde el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, para iniciar la construcción del tramo Izamal-Cancún.

Desde un inicio, señala el documento, el proyecto ha sido opaco por la ausencia de información. Beneficiará a grandes consorcios empresariales y ha avanzado aún durante la pandemia del Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, y trabajadores, comunidades y la población en general.

En la carta, las organizaciones, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y ciudadanos, advierten que el Tren Maya, presentado como un proyecto detonador del desarrollo, debe rechazarse por cinco aspectos en lo particular que detallan.

Existen diversos amparos que ordenan la suspensión del proyecto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ordenado la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, como medida cautelar, por lo cual la visita presidencia atenta contra el orden Constitucional, señalan en el primer punto.

“Por la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna”, dicen en el documento.

Como segundo punto, aseguran que el megaproyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos cuatro entidades y avanza sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad.

No existió un diálogo preliminar con las comunidades, pasando por alto su derecho a decidir libremente su futuro; las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, dicen, porque se efectuaron a través de instancias no representativas y no cumplió con los estándares del derecho a la consulta.

“Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano”, explican en el documento.

Existen serios cuestionamientos a la viabilidad ambiental del proyecto, mencionan. Incluso, un estudio realizado por 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señala los riesgos ambientales y sociales en este proyecto.

“Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 áreas naturales protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo, como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas”.

También destacan que el proyecto genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán.

“En los alrededores del trazo del Tren Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de 7 mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio del Conacyt”.

Según el estudio, señalan, los pasajeros y carga del tren podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo.

Por último, aseguran que el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, que en realidad no existe.

“Lo que hay son consultores contratados por Fonatur a través de ONU-Habitat y la UNESCO, que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, lo que no significa el apoyo de la ONU”, concluye el documento.

Con información de: Aristegui Noticias

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