Una auditoría especial, obtenida tras vencer un periodo de reserva de cinco años, ha revelado que la exalcaldesa morenista de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, desvió 8.8 millones de pesos durante sus primeros seis meses de gestión (diciembre de 2019 a mayo de 2021).
Este desvío, equivalente al 80% del presupuesto auditado en ese periodo, se realizó a través de presuntas compras y contrataciones de servicios simulados.
La auditoría, realizada en 2021 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), se llevó a cabo a raíz de las denuncias de corrupción presentadas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien más tarde fue víctima de desaparición forzada.
A pesar de los hallazgos contundentes, las autoridades estatales ordenaron ocultar los resultados, argumentando que su divulgación podría “obstruir las actividades de revisión”.
Según el informe, la administración de Victoria Huerta simuló la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario de oficina, uniformes, vehículos y otros bienes.
También se falsificaron contratos de servicios como publicidad, ingeniería y hasta los servicios de contabilidad del propio municipio.
Adicionalmente, se confirmó que la exalcaldesa otorgó un salario a su hermana y a su asesor jurídico sin que existiera un expediente que justificara su labor, en un claro acto de nepotismo y desvío de recursos.
La denuncia de Claudia Uruchurtu, presentada en 2019, fue la única que motivó una acción por parte de las autoridades. Sin embargo, a pesar de que el OSFE confirmó las irregularidades, no ordenó una revisión completa de la administración de Victoria Huerta.
Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista, lamentó que la impunidad persista, señalando que “si ella no hubiera estado insistiendo, nada habría pasado”.
En un trágico giro de los acontecimientos, Claudia Uruchurtu fue secuestrada y desaparecida en marzo de 2021 por empleados del ayuntamiento, poco antes de que la auditoría se hiciera pública.
En 2022, cuatro funcionarios, incluyendo a la exalcaldesa, fueron sentenciados por la desaparición forzada de la activista.
Sin embargo, Lizbeth Victoria Huerta fue beneficiada con una pena de solo cuatro años por el delito de “obstrucción de las investigaciones”, una pena que ya cumplió en diciembre de 2024.
A cinco años de que la auditoría confirmara el desfalco, las investigaciones administrativas siguen sin concluirse.
El OSFE ha notificado que aún no se ha dictado una resolución, por lo que hasta la fecha, ningún involucrado ha sido sancionado ni se ha recuperado el dinero desviado, dejando en el aire las denuncias que costaron la vida a una activista.
Insurgente Mx
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