Corrupción sexenal del PRIAN ¿legitimación política para el gobierno obradurista?
Por Monica Yeraldy Ortiz Galindo.
En la elección presidencial de 2018, los mexicanos acudieron a emitir su voto en las urnas electorales, eligiendo al candidato que consideraron la mejor opción para gobernar desde la silla del águila. Esto fue así, debido al hartazgo de las deficientes administraciones de los candidatos presidenciales de los partidos políticos que hasta entonces habían gobernado México, es decir el PRI y el PAN, porque durante sus correspondientes sexenios defraudaron la confianza del pueblo mexicano porque no cumplieron sus promesas de campaña, porque fueron corruptos y saquearon las riquezas de nuestro país para enriquecer a Naciones extranjeras y a ellos mismos, y porque hundieron en la pobreza a más de la mitad de la población con bajos salarios, así como con elevados precios de los productos de la canasta básica y de la gasolina, además del desempleo.
Por estas razones, un amplio sector de la población vio en la candidatura y promesas de campaña sobre un cambio radical en la estructura del gobierno mexicano, del entonces candidato presidencial, al Mesías esperado, y con ello rápidamente obtuvo altos índices de aprobación, no sólo hacia su candidatura, sino también a la coalición partidista que conformó, logrando con esto tras una votación histórica, legitimarse políticamente ante el pueblo mexicano convirtiéndose en el actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y tener mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión. Es decir, en ese momento su legitimidad era incuestionable puesto que había sido elegido para ocupar el cargo, conforme a derecho y de forma absoluta e incuestionable.
Sin embargo, aunque hubo una votación nunca antes vista en favor de dicho candidato, lo cierto es que realmente sucedió lo que Juan Linz sostenía al decir que un gobierno legítimo es el que se considera como el menos malo de todas las formas de gobierno.
En virtud de los altos índices de aprobación hacia su candidatura, y para mostrar al pueblo mexicano que realmente está llevando a la práctica legal sus promesas de campaña durante su gobierno, y con ello legitimarse, el presidente envió al Congreso una iniciativa para lograr reformas constitucionales en materia de revocación de mandato, -que ya fueron aprobadas-,convirtiéndolo en el primer Presidente mexicano, que podrá ser sometido a dicha figura jurídica.
Sin embargo, a dos años de su toma de posesión como presidente, las cifras de consentimiento hacia su administración se han visto mermadas por algunos sectores de la población que incluso se han organizado para evitar que continúe gobernando, puesto que no están de acuerdo en la forma, en que, hasta ahora ha desempeñado sus funciones como presidente.
En 2020 y 2021 se llevarán a cabo elecciones, ante lo cual, si es que el gobierno actual tiene intenciones de ser mayoría en los recintos legislativos o incluso gobernar otro sexenio, debe legitimarse políticamente ante el pueblo mexicano, cumpliendo una a de las promesas de campaña, que en este caso, es poner fin a la corrupción enjuiciando a altos funcionarios públicos de administraciones anteriores, que fueron partícipes de los grandes escándalos de corrupción que dañaron en gran manera a nuestro país.
Es decir, los escándalos de sobornos y corrupción en los que participaron importantes funcionarios públicos que representan tanto al PRI como al PAN, indudablemente serán utilizados por el gobierno en turno para elevar los índices de aprobación a su administración, y con ello legitimarse políticamente, puesto que con eso demostraría al pueblo que hizo justicia al enjuiciar a funcionarios corruptos que participaron en el caso Odebrecht, que agraviaron seriamente la economía mexicana, en beneficio de unos cuantos.
De hacerlo, el actual gobierno tendría la facultad de solicitar obediencia y aprobación política en las elecciones, a través de su voto y posiblemente tendríamos otro sexenio morenista así como suficientes curules y escaños obraduristas en el Congreso de la Unión.