Opinión

Tecnología de la trata de personas

Por Alberto Palma.

Convertir una actividad ilegal en una forma de vida con sentido práctico de oficio, en específico la explotación sexual de mujeres, ha permitido que se consolide como el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo –después de las drogas y las armas de fuego- Es importante resaltar al consumidor como integrante de la red proxeneta, de ahí deriva impulsar de manera urgente la “des-normalización”, que el pago por servicio desencadena el correcto funcionamiento de una tecnología llamada trata de personas, el “cliente” produce el financiamiento de la red.

La trata de personas con fines de explotación sexual es un acontecimiento político, formado por una multiplicidad de pequeños actos que forman la tecnología de la trata. Así, la inoperancia de las autoridades ante la cultura proxeneta ha roto núcleos familiares, ha causado dolor, angustia, miedo tras manipular y lacerar el cuerpo de una persona. El capitalismo, apoyado en un orden patriarcal ha permitido la continuación de este “negocio” y expandir sus redes ilegales.

El estado de Tlaxcala se ha caracterizado por tener altos índices de mujeres explotadas sexualmente, de aquí han surgido los proxenetas más buscados por la justicia mexicana y estadounidense, además han mejorado sus dinámicas para reclutar mujeres, con la aquiescencia de familiares, parientes y comunidad que se convencen de participar en la cultura proxeneta al percatarse sobre los beneficios que acarrea, una actividad ilegal normalizada en la región y en una impunidad generalizada. Puebla al ser una entidad vecina forma parte de la ruta de la trata, además de contar con una mejor economía que permite generar mayor derrama económica, es el segundo estado con más investigaciones por trata de personas a nivel nacional. Prueba de ello es que a principios de noviembre de 2020 la Fiscalía General del Estado de Puebla, en un operativo, rescató a 74 mujeres que eran obligadas a prostituirse en casonas del centro histórico de la capital.

Con éste fenómeno delictivo se puede aplicar aquel dicho: “todos saben donde explotan a las mujeres, menos la policía”, porque hay calles, lugares, establecimientos, personas que llevan muchos años dedicándose a éste tipo de giro, las autoridades transitan por dichas calles, autorizan la instalación de establecimientos (bares, antros) que es evidente su principal negocio, la prostitución de mujeres. De ésta forma el Estado se estaría convirtiendo en un ente omiso, con rasgos patriarcales al permitir y regular la instalación de establecimientos de ésta índole. Es delgada la línea entre ser trabajadora/trabajador sexual y ser víctima de explotación sexual o prostitución; la actividad de trabajo sexual no está penado por la ley, pero la explotación sí está tipificado como delito.

Las diferentes dependencias de gobierno involucradas en permitir la instalación de establecimientos como centros nocturnos, bares, etc. deberían ir formulando políticas públicas idóneas para erradicar estos “negocios”. De lo contrario el Estado estaría tolerando la presencia de actividades que generan ganancias, aún y cuando éstas sean ilícitas. Por tanto en entidades como Puebla y Tlaxcala se ha encontrado la infraestructura idónea para la explotación sexual de mujeres, ha mutado y tomado fuerza para convertirse en un negocio transnacional. Además haciendo un breve análisis de contexto, Puebla presenta una alta incidencia de personas desaparecidas, en específico mujeres menores de edad, el peligro es latente pues además de reclutar con fines de trata, muchas veces se llega al punto de desaparecer a las víctimas, pues es parte de la dinámica en la cultura proxeneta. La preocupación constante como ciudadano de México, es que ante una violencia e impunidad generalizadas, cualquiera puede ser desaparecido, por lo tanto, cualquiera puede ser víctima de la trata de personas.

La trata de personas, bien se podría señalar como tecnología política, pues es necesario analizar la configuración del delito desde las prácticas que producen éste fenómeno. Más allá de aumentar años de prisión en los delitos, o que si ameritan prisión preventiva oficiosa, las autoridades se deberían ocupar en cómo disminuir los índices de impunidad; el delincuente no se fija en los años que podría pasar en la cárcel, sino en que hay un 90% de probabilidad que haga un acto ilícito y pase absolutamente nada.

 

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