SAN LUIS POTOSÍ / COAHUILA.— El partido Morena anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la denominada “Ley Esposa”. Esta legislación, recientemente aprobada en San Luis Potosí, obliga a que en el próximo proceso electoral de 2027 solo puedan competir mujeres por la gubernatura del estado.
¿Qué es la “Ley Esposa” y qué propone?
La reforma establece un mecanismo de alternancia de género por periodos sexenales para la titularidad del Poder Ejecutivo local:
Elección 2027: Solo se permitiría el registro de candidaturas de mujeres (partidos, coaliciones e independientes).
Elección 2033: La competencia se reservaría exclusivamente para hombres.
Sucesión: El ciclo se repetiría sucesivamente para garantizar, según el Congreso local, que ambos géneros ocupen la posición que históricamente ha sido dominada por hombres (en San Luis Potosí nunca ha gobernado una mujer).
La reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece lo siguiente: “Para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado”.
El argumento es que se trata de un mecanismo de alternancia de género obligatoria, en el que, tras un hombre en el poder, toca una mujer. Así, se espera que en 2033 solo puedan competir hombres, y luego mujeres, y así sucesivamente.
Pero la pregunta es: ¿esto realmente garantiza equidad o es una maniobra para heredar el poder en pareja?
En México, la figura de las esposas de los gobernantes ha sido, en varias ocasiones, un punto de tensión entre la legalidad, la polémica y el ejercicio real del poder.
Aunque los contextos cambian —desde la Presidencia de la República hasta gobiernos estatales y municipales—, el patrón se repite: mujeres que, desde el vínculo conyugal, acceden a posiciones de influencia, heredan proyectos políticos o se convierten en candidatas para suceder a sus parejas.
El debate se intensificó porque la medida podría beneficiar directamente a Ruth González Silva, senadora del Partido Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien ha manifestado su intención de buscar la gubernatura en 2027.
Otro modelo es el de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Desde 2021 encabeza Amar a Nuevo León, una oficina estatal honorífica dedicada a programas sociales, y en 2024 dio el salto a la contienda electoral al buscar la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Aunque no ganó, su candidatura marcó su ingreso formal a la política electoral.
A pesar de que Morena ha impulsado la paridad de género en otros espacios, la dirigencia nacional considera que esta ley específica vulnera los derechos ciudadanos. Durante una gira por Coahuila, Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, fijó la postura del partido:
“No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera… consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad.” — Luisa María Alcalde, Presidenta Nacional de Morena.
La principal crítica radica en que la ley restringe el derecho de los ciudadanos a votar por el perfil que prefieran, independientemente de su sexo, y limita el derecho de participación política de los varones en 2027 (y de las mujeres en 2033).
Guerra contra el nepotismo electoral
En este contexto, Alcalde Luján aprovechó para desmarcar al partido de prácticas de sucesión familiar. Aunque la reforma constitucional federal contra el nepotismo será obligatoria hasta 2030, Morena ha decidido aplicarla de manera anticipada:
Compromiso 2027: No se postulará a familiares para la sucesión de cargos en ninguna de las boletas electorales donde participe el partido.
¿Qué sigue?
Una vez presentada la acción de inconstitucionalidad, corresponderá a los ministros de la Suprema Corte determinar si la “Ley Esposa” es una medida afirmativa válida para lograr la paridad o si, por el contrario, viola principios fundamentales de la Constitución Mexicana relacionados con la equidad y la libertad de sufragio.
