Opinión

La ley Zaldívar en la 4T

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, sucedió un claro ejemplo de corrupción y nepotismo que vulneró de manera tajante el principio constitucional de la división de poderes, característico de toda democracia, y con ello se atacó de manera directa la independencia e imparcialidad del Poder Judicial Federal, esto, por medio de lo que ha recibido el nombre de Ley Zaldívar.

La cual fue materializada el 23 de abril de 2021 a través de la aprobación, del Poder Ejecutivo junto con el Legislativo, de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que modifican inconstitucionalmente su artículo transitorio décimo tercero para la ilegal ampliación de los mandatos del hoy Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Fernando Záldivar Lelo de Larrea, así como de los funcionarios que integran el Consejo de la Judicatura Federal, por dos años más para dichos funcionarios.

Esta ampliación del cargo viola lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos noventa y siete párrafo cuarto que establece que dicho funcionario público solo podrá durar en su encargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Asimismo, también va en contra de o establecido en el articulo cien párrafo quinto, del mismo ordenamiento jurídico, porque los Consejeros solo podrá durar en su encargo cinco años.

Es decir, con la reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y a la Ley de Carrera Judicial de la Federación, se pasa por alto lo establecido en la Constitución Federal, determinando así, que el encargo del Ministro Presidente concluirá en noviembre de 2024 y no en 2022 según lo establecido en el precepto constitucional, y que el encargo de los Consejeros ya no será por cinco años, sino que será de siete. 

Podemos afirmar que esas reformas son hechas con el único fin de que desde la cúspide del Poder Judicial de la Federación, se emitan sentencias favorables a los intereses de la administración obradurista, ejemplo de esto, es ordenar a Jueces en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, que dejen insubsistentes las suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley del Sistema Eléctrico y amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Y con ello Jueces y Magistrados no dictaran sus sentencias de forma imparcial e independiente, lo que debería de caracterizar al Poder Judicial Federal y con ello se esta vulnerando también la existencia del Estado de Derecho en México, porque se trastocó uno de sus pilares fundamentales: la división de poderes, los pesos y los contrapesos, puesto que con la aprobación de esta reforma a las leyes reglamentarias a este Poder, ya no hay una división claramente establecida entre los tres Poderes de la Unión. 

Esto es consecuencia, en gran medida, de el poder otorgado al Ejecutivo Federal en el Congreso de la Unión, porque al tener mayoría legislativa, todas las iniciativas y propuestas suyas, serán aprobadas sin barreras que las obstaculicen; lo cual, a partir de la entrada en vigor de esto, da a quien se sienta en la silla del águila el poder absoluto del país, de ahí la importancia de que la oposición obtenga los escaños, curules y gobernaturas suficientes que hagan visible los pesos y contrapesos en el Poder Legislativo a nivel Federal y local y con ello la división de poderes.  

No obstante lo hasta aquí referido, estas formas de actuar del gobierno en turno, no son nuevas en la forma de hacer política en nuestro país, ya que son una nueva versión de las empleadas por anteriores administraciones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, pero ahora con el particular tinte del Presidente de la República en turno. 

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