En el marco de su primer aniversario de gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío a la Cámara de Diputados de una ambiciosa iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
El objetivo central es “devolver el agua como recurso de la nación” y garantizar que su acceso sea un derecho humano y no una mercancía privada.
FIN A LA MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA
Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Mandataria explicó que la iniciativa busca revertir el cambio implementado en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que convirtió las concesiones de agua en una mercancía transmisible y vendible entre particulares.
“Ese cambio generó, no solamente descontrol en las concesiones, sino que además, un uso excesivo porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente se estaba utilizando”, subrayó Sheinbaum.
Con la nueva iniciativa, el Gobierno Federal busca:
- Ordenar el uso del agua en el país, reconociendo que es un recurso escaso, especialmente en el centro y norte.
- Prohibir la venta y transmisión de los títulos de concesión entre privados.
- Disponer que, en caso de cambio de uso, los títulos sean devueltos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser reotorgados de manera organizada y eficiente.
UN MARCO LEGAL HUMANISTA Y ESTRATÉGICO
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la propuesta se basa en una visión humanista que garantiza el uso eficiente del agua como un derecho y lo cataloga como un recurso estratégico para el desarrollo nacional.
Por su parte, el director general de Conagua, Efraín Morales López, detalló los profundos cambios que se implementarán para combatir la corrupción y el acaparamiento:
- Ordenamiento a las Concesiones y Combate al Acaparamiento
- El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. Se establece:
- Eliminación de la posibilidad de transmitir títulos entre particulares.
- Toda prórroga de concesión pasará por un análisis riguroso de la autoridad.
- Creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para mayor transparencia.
- Limitación del pago de la cuota de garantía a un máximo de 5 años para evitar el acaparamiento.
- Combate al Robo y Delitos Hídricos
- Se crea un nuevo capítulo de delitos hídricos que castigará la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, así como actos de corrupción.
- Las penas de prisión van de 1 a 10 años, con multas de 300 a 4 mil días.
- Fortalecimiento del procedimiento para la imposición de sanciones y multas por el uso indebido.
- Eficiencia, Planeación y Financiamiento
- Creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, donde el agua que ingrese será reasignada mediante planeación estratégica.
- Promoción de la tecnificación y fortalecimiento de mecanismos para medir el uso del agua.
- Se restablece la regulación para la captación de agua pluvial.
- Impulso a la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.
Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca sentar las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, definiendo competencias claras en los tres niveles de gobierno y reconociendo la labor de los sistemas comunitarios de agua.
