En el contexto actual de pandemia, es normal que las personas nos saturemos de estadísticas sobre los casos de contagio, las muertes a raíz de la COVID-19, los homicidios a causa de la delincuencia organizada, los feminicidios a causa de la cultura machista y hasta del impacto que tendrá la crisis económica que se avecina.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos recordó el pasado lunes 25 de enero que hay otro fenómeno al cual ponerle atención: la criminalidad de cuello blanco. Esto a raíz de que solicitarán a la Cámara de Diputados que retire el fuero a Mauricio Toledo, exjefe delegacional de Coyoacán y actual diputado federal por el Partido del Trabajo, debido a su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito (Forbes, 2021).
En este sentido, debemos recordar que la criminalidad de cuello blanco es un fenómeno socioeconómico y político en el que se cometen acciones que vulneran la estabilidad económica de instituciones públicas, privadas e incluso sociales, por lo que tienen un impacto directo o indirecto sobre la sociedad.
De hecho, a través de los años se le han otorgado varios nombres: criminalidad de los negocios, criminalidad económica, criminalidad de los Barones capitalistas criminales, criminalidad de los señores, criminalidad de los empresarios, entre otros (Burgos, 2014).
Bajo esta lógica, vale la pena mencionar tres elementos que caracterizan este tipo de criminalidad: 1) las personas quienes la cometen; 2) el lucro exorbitante y; 3) los altos índices de impunidad.
Sobre el primer elemento, la principal característica de quienes la cometen es que tienen puestos estratégicos de alta jerarquía en el que manejan el presupuesto de una o varias instituciones. Por ejemplo, un Presidente, un Primer ministro, Secretarios de Estado, Gobernadores, Presidentes municipales, Directores generales, etc.
En cuanto al segundo elemento, el lucro de la criminalidad de cuello blanco va desde los cientos de miles hasta los cientos de millones de la divisa correspondiente a través del desvío de recursos públicos o privados mediante contratos con empresas fantasma, contratos con sobreprecio a empresas formales o un poco de ambas, contratos con sobreprecio a empresas fantasma, por mencionar algunos ejemplos.
En relación con el tercer elemento, los altos índices de impunidad se deben a que los criminales de cuello blanco tienen el capital económico y político para negociar sus medidas de seguridad, por ejemplo, ya sea a través de la corrupción política, económica o tráfico de influencias con fines políticos.
Bajo esta perspectiva y retomando el caso del diputado Toledo, me parece correcto lo que está haciendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es decir, reunir todos los elementos probatorios para llevar a juicio el caso y remar contra corriente en lo referente al desafuero porque obviamente las autoridades del Congreso lo pueden negar.
En este contexto, un detalle peculiar que debe analizarse es la tendencia que demuestra el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la persecución de exfuncionarios públicos de administraciones pasadas relacionados con la criminalidad de cuello blanco. Dos ejemplos significativos son Raymundo Collins y Luis Serna (Excelsior, 2020)
Al primero le catearon un inmueble en el municipio de Jojutla, Morelos, y le decomisaron 41 autos clásicos, obras de arte, entre otros artículos (Infobae, 2020). Al segundo le identificaron un crecimiento incongruente en su patrimonio reportado y no reportado por poco más de 50 millones de pesos (Infobae, 2020). Simplemente impresionante.
En suma, la criminalidad de cuello blanco es la que genera más capital económico y político para quienes la ejercen, situación que explica en cierto modo dos elementos sustantivos: 1) sus altos índices de impunidad y 2) la dificultad de estudiarlo y combatirlo. Es decir, un Secretario de Estado o Director general difícilmente generarán las condiciones necesarias para inhibir los fraudes o desvíos públicos que realizan y mucho menos para penalizarlos.
Para finalizar, considero que una manera de combatir este tipo de criminalidad es realizar investigaciones con estudios de casos para identificar las mejores prácticas sociales, administrativas y penales para hacerle frente, es decir, se necesita un enfoque académico-estratégico para que su combate sea eficiente.
¿Y usted qué opina?
Fuente: La escena del crimen: Blog de criminología (2017).
