CIUDAD DE PUEBLA, Pue.— El Congreso del Estado de Puebla ha puesto sobre la mesa una reforma constitucional que pretende garantizar el derecho a una muerte digna para adultos mayores con enfermedades terminales. La propuesta, impulsada por el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina (PT), busca que los pacientes en condiciones de salud críticas tengan la facultad legal de decidir sobre el final de su existencia.
La iniciativa propone modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, incorporando este derecho dentro de las garantías individuales de las personas mayores.
¿En qué consiste la propuesta?
A diferencia de otras legislaciones, esta iniciativa establece criterios específicos para asegurar que la decisión sea ética y voluntaria:
Sujetos de derecho: Adultos mayores que enfrenten enfermedades avanzadas, crónicas o terminales sin posibilidad de recuperación.
Capacidad cognitiva: El paciente debe conservar sus facultades mentales y plena capacidad de decisión al momento de solicitar el procedimiento.
Autodeterminación: La iniciativa propone permitir que el paciente decida la suspensión de tratamientos médicos que solo prolonguen su agonía, un concepto conocido en bioética como limitación del esfuerzo terapéutico.
Fundamentos: Humanidad y Libertad Individual
El diputado Céspedes Peregrina argumentó que miles de poblanos viven postrados y con padecimientos que generan un sufrimiento constante, no solo para ellos, sino también para sus familias.
“La etapa final de vida se ha convertido en una agonía prolongada. Esta propuesta representa un acto de humanidad, compasión y respeto a la libertad individual de quienes enfrentan enfermedades sin esperanza de mejoría.” — Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Diputado del PT.
Contexto y Debate
El reconocimiento de la “muerte digna” suele implicar una distinción legal importante entre la eutanasia activa y la ortotanasia (permitir el curso natural de la muerte suspendiendo tratamientos desproporcionados).
La discusión en comisiones legislativas se espera para el inicio de 2026, donde se anticipa la participación de expertos en medicina paliativa, bioética y representantes de la sociedad civil para delimitar los alcances de esta reforma constitucional.
