El Gobierno del Estado mantiene abierta una investigación formal en contra del director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, luego de las denuncias públicas por presuntos actos de extorsión, abusos e irregularidades ocurridas dentro de las instalaciones penitenciarias.
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la indagatoria contra el titular del reclusorio se lleva a cabo con seriedad y estricto apego al marco normativo, garantizando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia del funcionario señalado.
En entrevista, el mandatario explicó que la revisión administrativa y legal evalúa el cumplimiento de las responsabilidades que exige el cargo público, respetando al mismo tiempo las garantías laborales del servidor investigado.
Alejandro Armenta añadió que las normas laborales definen con claridad bajo qué criterios un funcionario cumple o incumple con sus obligaciones para permanecer en el puesto.
“Cualquier queja, cualquier señalamiento lo analizamos, lo investigamos. Y claro, acuérdense que para cualquier acto de esta naturaleza tiene que haber presunción de inocencia y debido proceso”, subrayó.
El proceso de investigación cobró fuerza luego de que familiares de personas privadas de la libertad se manifestaran para exigir un alto a las supuestas cuotas y maltratos en el penal.
Aunque el Ejecutivo estatal señaló previamente la posible presencia de personas pagadas en dichas protestas, aseguró que ninguna denuncia formal o señalamiento contra servidores públicos quedará sin revisarse.
Para dar cauce institucional a las quejas y aportar elementos a las revisiones internas, la administración estatal instaló una mesa de trabajo con los inconformes.
El gobernador Alejandro Armenta reiteró que su administración actuará conforme a las resoluciones que se deriven de este diálogo y de las pesquisas en curso, prometiendo que cualquier anomalía atribuible a funcionarios será sancionada conforme a derecho.
Como parte del saneamiento y las medidas paralelas a la investigación, el gobierno de Puebla también prepara el traslado de internos considerados de alta peligrosidad, a quienes se les señala de operar redes de intimidación y amenazas dentro del penal.
Asimismo, se mantienen los recorridos periódicos de supervisión en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar el control y prevenir nuevas irregularidades en el sistema penitenciario estatal.
