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Opinión

¿Fiscalía espiará a los poblanos como Moreno Valle?

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¿Fiscalía espiará a los poblanos como Moreno Valle?

La diferencia entre una investigación criminal y una invasión a la privacidad no está en la tecnología, sino en quién la utiliza, bajo qué controles y con qué autorización.

No es un secreto: Rafael Moreno Valle espió a casi todos. Desde Peña Nieto hasta activistas, funcionarios, periodistas y empresarios.

Nadie estaba a salvo de sus ojos y oídos.

Los encargados de vigilar conversaciones, por miedo, fueron los mismos que denunciaron el sistema de intercepción telefónica. El aparato denominado CSM 7816, de origen israelí, costó 3 millones de dólares y permitía detectar e intervenir dispositivos móviles en un radio de 5.2 kilómetros con conexiones telefónicas, Bluetooth y Wi-Fi.

Pero eso no fue todo. El gobierno de Rafael también compró por 14.9 millones de pesos el Sistema Hunter, que es un clonador de teléfonos y permite tener acceso a toda la información del móvil, incluida la geolocalización.

Para operar esta red de espionaje, el exgobernador contrató a Héctor Arrona y a Joaquín Arenal, ambos vinculados al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Y cuando parecía que esas prácticas habían quedado en el pasado, una nueva adquisición vuelve a encender las alarmas en Puebla.
Ahora, la Fiscalía General del Estado lanzó la licitación GEP-SPFA-LPN-283-887/2026 para adquirir 2 equipos con el software israelí Cellebrite, que permite extraer y analizar información de dispositivos compatibles, incluidos teléfonos y tarjetas SIM, así como recuperar conversaciones, fotografías y otros datos almacenados.

Esta herramienta, diseñada para apoyar investigaciones de delitos, ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos porque, según reportes, tecnologías de extracción forense han sido utilizadas para obtener información de activistas, periodistas y opositores en diferentes partes del mundo.

¿De verdad se utilizará sólo para extraer datos con autorización judicial? ¿Quién supervisará su operación? ¿Existirán controles para impedir abusos? ¿Y qué garantías tendrán los poblanos de que esta tecnología no terminará en manos equivocadas?

No podemos permitir que esta historia se repita.

El Grillo

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