En la compleja y a menudo opaca dinámica de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, un reciente acontecimiento ha generado sorpresa y pone en entredicho los discursos oficiales de cooperación y entendimiento mutuo.
Un grupo de 17 familiares de Ovidio Guzmán, presunto narcotraficante preso en EU, cruzó la frontera hacia California en días recientes, un movimiento del que las autoridades mexicanas no tenían conocimiento previo.
Esta inesperada movilización, que parece ser parte de un proceso de negociación entre Guzmán y las autoridades estadounidenses, ha tomado por sorpresa al sur del Río Bravo.
La única confirmación oficial, aunque escueta, provino del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en un programa de radio reconoció el viaje de los familiares como una consecuencia “evidente” de la negociación en curso.
El Departamento de Justicia de EU acusa a Ovidio Guzmán de tráfico de fentanilo y otros delitos desde su detención en septiembre de 2023.
Se presume que Guzmán habría aceptado declararse culpable a cambio de proporcionar información, un acuerdo cuyos detalles aún son incipientes.
LA RESPUESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM
La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado pronunciarse sobre este asunto hasta el momento.
En su conferencia matutina del martes, abordó la crisis del gusano barrenador en el ganado mexicano y el cierre de exportaciones desde EU, pero no hizo mención alguna al caso de la familia Guzmán, figura central del universo criminal mexicano durante décadas.
Este sorpresivo cruce fronterizo interrumpe la narrativa de colaboración bilateral que habitualmente emplea el Gobierno mexicano.
El movimiento de los Guzmán parece responder a estrategias unilaterales del Ejecutivo estadounidense, planes que la administración liderada por Donald Trump habría optado por no compartir con el equipo de Sheinbaum y Harfuch.
En su entrevista, García Harfuch enfatizó que la captura de Ovidio Guzmán ocurrió en territorio mexicano en enero de 2023 y fue llevada a cabo por el Ejército mexicano, un operativo que incluso costó vidas de militares.
Con esto, buscaba destacar que México merecía mayor transparencia, considerando los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, una prioridad para la Casa Blanca.
CASO DE OVIDIO GUZMÁN
El caso Guzmán revela una aparente asimetría en las relaciones bilaterales, a pesar del discurso afable desde México.
La llegada de Trump a la presidencia en enero impulsó a México a reforzar la seguridad en la frontera norte con cientos de guardias nacionales adicionales, una exigencia directa en la lucha contra el fentanilo.
Buscando resultados rápidos, la administración Trump demandó más acciones, obteniéndolas con la extradición a EU de 29 criminales en febrero, incluyendo figuras como Rafael Caro Quintero y los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
Si bien Trump ha celebrado estas acciones, también ha insinuado la posibilidad de enviar tropas a México para combatir a los cárteles, algunos de los cuales su gobierno designó como organizaciones terroristas, una idea que Sheinbaum ha calificado de “inaceptable”.
La colaboración de México hacia el norte plantea interrogantes sobre la reciprocidad. Ovidio Guzmán es presentado en documentos judiciales estadounidenses como un importante traficante de fentanilo. México logró su captura, a pesar de operativos fallidos como el “culiacanazo”.
“El Departamento de Justicia debe compartir información con la Fiscalía General de la República”, afirmó Harfuch.
En un giro inesperado, Ovidio Guzmán, antes un objetivo prioritario, se ha convertido en un activo para las autoridades estadounidenses, capaces de negociar con él a pesar de su historial delictivo en México, buscando un beneficio aún desconocido.
Mientras se esperan las negociaciones con el otro hermano Guzmán detenido, Joaquín, México busca respuestas y mayor transparencia en una relación bilateral que parece estar marcada por estrategias unilaterales y silencios incómodos.
Insurgente Mx
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