Opinión

Tren Maya: Un mal proyecto o una mala ejecución

Por Cynthia Selene Leal

La ejecución del proyecto federal denominado Tren Maya (TM), es sin lugar a duda uno de los temas que provoca más sentimientos encontrados en la sociedad mexicana. En su mayoría basados en un desconocimiento total sobre el impacto de una obra que, planeada para impulsar la economía del sur de la República, ha dejado a un lado el impacto ambiental que ahora más que nunca, se debe proteger. No, no me refiero a los tiempos políticos o preferencias partidistas, sino a los tiempos en los que el cuidado del medio ambiente debe ser primordial ante la situación que vivimos.

El impulso de la región sureste del país, no es cosa nueva. En las últimas décadas se han puesto en marcha distintos proyectos con contextos distintos, pero con el mismo objetivo de impulsar la economía de la región, a través del turismo. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se conoció como “Programa Mundo Maya” en colaboración con Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. En 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se detonó el programa denominado “Pasaporte Mundo Maya 2012”. Ninguno tan ambicioso como el TM.

De acuerdo con datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el TM recorrerá una longitud aproximada 1,500 km en la región sureste del país que abarcará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; permitiendo una movilidad aproximada de 26,560 personas al día a una velocidad de 160 km/h; con una proyección total al día de hoy de 19 estaciones y 12 paraderos, con opción a crecimiento conforme a la demanda del servicio. Alrededor de las estaciones se construirán comunidades sustentables que incluirán de acuerdo con el proyecto: infraestructura de salud, educación, vivienda, áreas comerciales, de servicios, espacios públicos y áreas verdes.  Sin embargo, FONATUR insiste que el proyecto se detonará de manera que los turistas no se concentren en un solo punto y se distribuyan entre las distintas poblaciones, intentando convencer con ello que no existirá una recarga de servicios en la zona, sin justificar cómo lo hará.

Ahora bien, ¿Cuál es el impacto ambiental? Las autoridades federales asignan 5 ejes de acción para el proyecto, entre los cuales se encuentra el eje ambiental; en éste se desglosan los siguientes objetivos: “…Restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación; Favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales; Rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las Áreas Naturales Protegidas (ANP); Reducir la tala ilegal e implementar acciones que promuevan un uso responsable del suelo; Fomentar la producción agrícola y ganadera amigable con el ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible; Generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales; e Impulsar actividades económicas que hagan un uso menos intensivo del suelo y de los recursos naturales.”

A simple vista podría decirse que es un proyecto que impulsa el cuidado y protección del medio ambiente, pero qué pasa si analizamos la superficie en la que se desarrollará y descubrimos que se involucran veintitrés ANP, Manglares de Nichupté y Uaymil, las Reservas de la Biosfera de Sian Ka‘an y Calakmul, ambas consideradas como patrimonio de la Humanidad, siete regiones terrestres prioritarias, y once regiones hidrológicas prioritarias, ¡Toda una riqueza en ecosistemas!.

Al día de hoy se están realizando obras únicamente en la primera fase a cargo del Consorcio Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con otras empresas, con una longitud de vía ferroviaria de 631.25 km y una superficie total de 2,525.07 hectáreas, para un tiempo aproximado de construcción de tres años. Esto abarca los municipios de Palenque y La Libertad en el estado de Chiapas; Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán, en el estado de Tabasco; Candelaria, Escárcega, Champotón, Campeche, Tenabo, Hecelchakán, y Calkiní en el estado de Campeche; y Halachó, Maxcanú, Kopomá, Chocholá, Umán, Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, en el estado de Yucatán.

Hay dos preguntas a analizar, la primera ¿Por qué el descontento de los expertos en temas ambientales sobre el proyecto del TM? De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental. Proceso mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece las condiciones a las que se sujetará una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico que sea por aprovechamiento forestal de selvas tropicales y especies de difícil regeneración; obras y actividades en ANP de competencia de la Federación; obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Mientras que el Reglamento de la referida Ley indica claramente que requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental, las obras de construcción de túneles federales vehiculares o ferroviarios; vías férreas, e infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten ANP o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales.

En respuesta FONATUR indicó que no se requería Manifestación de Impacto Ambiental, por tratarse de obras de mantenimiento y rehabilitación de derecho de vía existente. Aunque esa sí es una excepción, lo cierto es que se ha mostrado que la autoridad ha mentido pues han indicado que el proyecto recae sobre un 90% de vía existente, cuando la realidad es que es sobre el 50%, de acuerdo con declaraciones del mismo secretario y estudios de expertos del CONACYT. Además de no estar considerando el resto del proyecto que implica construcción de estaciones, pasos de fauna y comunidades sustentables que permitan cubrir la demanda turística del proyecto.

La segunda pregunta es ¿Por qué el descontento de varias comunidades? Las comunidades indígenas por sí solas y a través de diversas asociaciones, han realizado manifestaciones, publicado artículos, difundido inconformidad por redes sociales, promovido ante el Poder Judicial de la Federación, así como en el plano internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de frenar la obra a fin de evitar daños irreparables por impacto ambiental, en algunos casos, solicitando la suspensión de obras durante el periodo de pandemia.

Algunos dirán que la inconformidad tiene tintes políticos, pero si se analiza la consulta pública aplicada por FONATUR con apoyo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se puede considerar como un verdadero proceso de consulta indígena, ya que no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT. En dicha consulta, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien fungió como parte observadora, manifestó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Los participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. Se ha indicado que incluso las autoridades desconocen con exactitud el proyecto, dejando muchas preguntas sin atender. Sin que ello fuera impedimento para que las autoridades siguieran con los procesos.

 

Es de principal interés prevenir daños ambientales dado que la reparación de éstos es casi imposible. El cuidado de los recursos naturales debe prevalecer ante cualquier intento de crecimiento económico que a todas luces intenta escabullir los lineamientos normativos y derechos humanos, en el afán de cumplir con lo que aparenta ser un capricho e intereses de unos cuantos y no en beneficio del interés público, principalmente de los estados involucrados. El desarrollo siempre debe satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras.

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