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La denuncia ante FGE confirma persecución a la BUAP

La denuncia se hace pública tan sólo unos días después de que Esparza Ortiz denunciara una persecución del gobernador contra su persona y contra su familia.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, aseguró el pasado jueves que su gobierno no investiga delitos y tampoco hace auditorías a sus enemigos; pero hasta la Fiscalía General del Estado llegó una denuncia de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) contra Luz Andrea Esparza Vergara, hija del Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz.

La denuncia se hace pública tan sólo unos días después de que Esparza Ortiz denunciara una persecución del gobernador contra su persona y contra su familia; esto en el momento en que el Gobierno del Estado debería estar enfocado a la atención de la pandemia por COVID-19.

“No es momento de obsesiones, no es momento de enemigos personales. No es momento de acrecentar batallas. Es momento de atender la urgencia y la emergencia”, aseguró el Rector durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la BUAP.

En respuesta, Luis Miguel Barbosa manifestó el jueves en su conferencia de prensa matutina que él y su gobierno no tienen enemigos, y afirmó categóricamente que “es la primera vez que alguien se declara mi enemigo”.

a denuncia de la SPF proviene de su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), que encabeza Manuel Ferrusquía Canchola, un organismo dependiente del poder ejecutivo estatal y, por tanto, directamente del gobernador del estado.

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos que denuncia la UIPE ante la FGE consisten en una presunta discrepancia entre los ingresos y egresos de Luz Andrea Esparza Vergara, dentro de los ejercicios fiscales del 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; en los que la empresaria reportó egresos por poco más de 7 millones de pesos.

En la propia denuncia se establece que Esparza Vergara es una persona física con actividad empresarial y accionista desde el año 2014 de Grupo Adbu S.A. de C.V, razón social enfocada a la operación de cafeterías y de servicios gastronómicos.

Por tanto, los gastos como persona física y moral de la empresaria apenas rebasan en conjunto los 100 mil pesos al mes; una cifra que se coloca por debajo del promedio del sector empresarial y, sobre todo, muy por debajo de los flujos que investigan las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica estatales.

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el folio del documento, el UIPE-0001/2020, ésta es la primera y única denuncia que la oficina de gobierno, encargada de dar seguimiento a las finanzas del crimen organizado y que absorbe recursos millonarios del presupuesto estatal, ha realizado en el presente año; esto en una entidad que se coloca entre los tres primeros lugares del delito de lavado de dinero por robo de combustible.

Asimismo, las autoridades confirmaron recientemente la operación en territorio poblano de cinco cárteles del narcotráfico, a los que la UIPE según sus propias estadísticas no ha abierto una sola indagatoria durante la presente administración; puesto que, por indicaciones del gobernador, ha enfocado únicamente sus esfuerzos a investigar a una profesionista y empresaria que, en cinco años, erogó 7 millones de pesos debidamente reportados ante el Sistema de Administración Tributaria.

Con información de: Exclusivas Puebla

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