El pasado primero de septiembre, el presidente López Obrador rindió su segundo informe de gobierno y mencionó algo que considero vale la pena analizar. Comentó que “en el peor momento contamos con el mejor gobierno, estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante” (López, 2020).
Comparto la idea de que la situación de la COVID-19, en México, está causando una crisis sanitaria sumamente grave y que la crisis económica, la peor desde 1932 (Herrera, 2020), apenas está iniciando. El problema de la afirmación del presidente es que no contempla la crisis más letal en la que hemos vivido desde hace poco más de doce años: la crisis de seguridad.
De acuerdo con estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a julio del 2020 se registraron 1,042,088 delitos. Esto quiere decir que, en promedio, se cometieron 148,869 delitos al mes. Otra manera de verlo es que se consuman 4,892 delitos diarios, es decir, 3 delitos cada minuto.
Lo anterior podrá verse preocupante, sin embargo, hay más. Según la edición 2019 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio de la cifra negra de 2012 a 2018 fue de 93.2%.
Esta cifra cobra relevancia dado que representa el total de delitos cometidos no denunciados o de los que no se inició la averiguación previa o carpeta de investigación. En otras palabras, la estadística del SESNSP no contempla el 93.2% de delitos, por lo que podemos concluir que, por cada delito registrado, se cometen poco más de 9. En consecuencia, la cifra de 3 delitos por minuto se eleva, de acuerdo con la misma estadística gubernamental, a poco más de 30.
A esta estadística hay que agregarle tres razones más: la violencia estructural, la ineficiencia institucional y la poca o nula voluntad de los gobernantes en los órdenes de gobierno tanto local como municipal.
De la primera destacan fenómenos como la violencia contra las mujeres, el racismo, el clasismo y la discriminación. En este sentido, me parece que el primero requiere una mención especial por la importancia que ha cobrado en los últimos meses al grado que las mujeres se organizaron y salieron a las calles a exigir sus derechos y justicia de manera emblemática.
La segunda hace referencia a los diversos factores por los cuales las instituciones de seguridad no cumplen en su totalidad con las funciones de prevención, detención, debido proceso y sanción de las personas que cometen algún delito o daño social.
La tercera hace énfasis en que los gobernantes no solucionan el problema de inseguridad en los territorios donde gobiernan ya sea por vicios políticos o ignorancia. De hecho, ésta y la segunda están muy vinculadas debido a que en ocasiones los gobernantes no solucionan los problemas institucionales porque son soluciones a largo plazo y prefieren que la federación mande el apoyo de las Fuerzas Armadas (Calderón, 2020).
En síntesis, considero que hay cuatro argumentos para considerar a la inseguridad como una tercera crisis: 1) la estadística delictiva, 2) la violencia estructural, 3) la ineficiencia institucional y 4) la incapacidad de los gobiernos locales. Sobre este último, vale la pena recordar que a menudo los vicios políticos son detonantes para no solucionar la inseguridad en una entidad federativa o municipio.
Señor presidente, ¿necesita más razones para hablar de una tercera crisis y actuar en consecuencia?
