La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentó a mediados de julio, la versión pública del registro nacional de personas desaparecidas, tal y como la establece la ley general en la materia. Las cifras se actualizaron, más de 73,200 personas desaparecidas sin contar los datos de las fiscalías de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala –que de manera irresponsable y sin explicación alguna no han entregado los datos requeridos- por lo tanto siguen siendo cifras inciertas. La integración de datos que estaban pendientes por entregar de algunas fiscalías elevó la cifra de víctimas, además de los casos de desaparición que se acumularon de enero a julio.
La implementación de la Guardia Nacional en la seguridad pública del país no ha tenido los resultados que esperamos todos los ciudadanos, al contrario, hay más violencia, inseguridad, más homicidios y feminicidios que en años anteriores. Las desapariciones van de la mano con la inseguridad. Es momento que el Estado visualice una estrategia para la problemática de desaparición de personas y de los cadáveres sin identificar, aplanar las gráficas y éstas desciendan; solucionar los casos de larga data, los recientes y prevenir más casos de éste delito, todos deberán atenderse con las misma importancia. El gobierno federal actual deberá dar respuesta ante la crisis humanitaria, viene sobrando echar la culpa a administraciones anteriores.
Para la crisis forense y los más de 35,000 cadáveres sin identificar, se tiene confirmada la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), funcionará como un organismo gubernamental semiautónomo adscrito al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), pero tendrá independencia operativa y financiera; contará con expertos nacionales e internacionales, en áreas de antropología, arqueología, ADN, personal administrativo, entre otras. Ante la incapacidad en infraestructura, recurso material y humano, el MEIF es la asistencia ante un problema de esa magnitud. Del periodo de diciembre 2018 – junio 2020 (19 meses) se identificaron 712 cadáveres a nivel nacional (de la cifra antes mencionada) es decir, se realizaron 37.47 identificaciones por mes, a ese ritmo se tardarían 78 años en identificar los 35,000 cadáveres, más los que se acumulen. Por eso en el MEIF se tienen altas expectativas, que se instalará en meses próximos.
Para encaminar al país a la construcción de Paz se necesita la consolidación de un Estado de derecho, subrayando el reconocimiento de los derechos de las víctimas, para quienes se requiere un proceso integral y participativo de verdad, justicia y reparación. Al gobierno del presidente López Obrador y de las dos administraciones anteriores, se les ha recomendado la instalación de Mecanismos Extraordinarios de verdad y justicia, todos se han resistido a implementarlos. Esto podría contribuir en reducir la crisis humanitaria. Dichos Mecanismos serán dirigidos por personas nombradas por órganos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Los objetivos de los Mecanismos se encuentran: Investigar de manera independiente los crímenes atroces y grandes de corrupción, brindar asistencia técnica a la Fiscalía y a las policías de investigación, desarrollar propuestas de reforma al sector judicial, realizar informes públicos sobre la situación del Estado de derecho en México, además de los avances de justicia penal en materia de desapariciones, torturas y asesinatos.
La instalación de los Mecanismos permite despresurizar el trabajo acumulado sobre el gobierno actual. Esto conllevará a largo plazo a la instalación de la justicia transicional, que el Lopezobradorismo presume, pero es inexistente. La voluntad política y la apertura del uso de nuevas herramientas es una buena señal de progresividad, pero al parecer muchos funcionarios estatales están anclados al siglo XIX y terminan por no coordinar trabajo con ninguna institución. Ejemplos, hay muchos.
