Un total de 315 servidores públicos han sido cesados de sus funciones en la administración estatal de Puebla por incurrir en diversas anomalías operativas e incumplimiento de deberes, cifra que implica un promedio constante de una baja cada 48 horas en el aparato gubernamental.
Durante la conferencia de prensa matutina en Casa Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier vinculó estas acciones a un esfuerzo por restaurar el orden institucional tras la constante rotación de ejecutivos en años anteriores, periodo en el que la entidad llegó a registrar ocho mandatarios en un lapso de seis años.
Según detalló el secretario Anticorrupción, Alejandro Espidio, las separaciones de personal se han ejecutado por la vía laboral ante faltas omisivas o directas, con mayor frecuencia en las áreas de seguridad pública y el sector educativo.
En ese sentido reveló que hasta el momento se contabilizan 48 resoluciones sancionatorias formales derivadas de conductas como:
-Presentación de documentación apócrifa o alterada.
-Simulación de actuaciones e informes.
-Transferencias de fondos sin la autorización correspondiente.
-Asistencia al centro de trabajo en estado inconveniente.
-Faltas de respeto contra compañeras de trabajo o alumnas.
-Litigio legal activo en contra del propio gobierno estatal.
-Exigencia de cobros o cuotas indebidas para gestionar trámites.
En el ámbito de las sanciones definitivas y los procesos judiciales en curso, la Secretaría Anticorrupción presentó el siguiente desglose:
315 Separaciones laborales directas
27 Amonestaciones formales
18 Destituciones del cargo
14 Inhabilitaciones para la función pública
3 Suspensiones temporales
2 Reintegros obligatorios al erario
Para las irregularidades de mayor impacto patrimonial o legal, la dependencia ha turnado 59 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia competente para dictaminar en definitiva.
De ese total, 25 casos corresponden a desvío de recursos públicos y 22 a abuso de funciones, mientras que el resto involucra conductas como peculado, nepotismo, cohecho, desacato y uso de información falsa, sobre estos expedientes, el Tribunal ha dictado 13 sanciones formales en lo que va de 2026.
Al respecto el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la revisión de procesos administrativos continuará de manera uniforme en todas las dependencias del gobierno estatal.
