Como bien se sabe, el fenómeno de las operaciones con recursos de procedencia ilícita -también llamado lavado de dinero- prácticamente consiste en introducir al sistema financiero el recurso económico generado mediante actividades ilegales a través de aparentes actividades legales. Dicho en otras palabras, básicamente se trata de meter a cuentas de banco la mayor cantidad de dinero posible y hacerlo pasar como propio con todas las de la ley.
Bajo esta perspectiva, es sencillo darse cuenta que el lavado de dinero no es un fenómeno aislado sino una necesidad de las estructuras, por ejemplo, de la corrupción política y las organizaciones de la delincuencia organizada para poder disfrutar de ese dinero. Es decir, ¿de qué les serviría a los políticos corruptos o a los líderes de los cárteles generar millones de dólares si no pueden gastarlos sin levantar sospechas?
En este sentido, vale la pena mencionar que existen antecedentes internacionales para combatir este fenómeno, entre los cuales destacan la celebración de convenciones y la creación de instituciones financieras, debido a que es considerado delito por la comunidad internacional.
Sobre las primeras, se encuentran la de Viena (1988), de Palermo (2000) y de Mérida (2003). En relación con las segundas, destacan el Grupo Acción Financiera, Grupo Egmont y Grupo Wolsberg. Ahora bien, la pregunta obligada es ¿y qué hace México en pleno 2020 para hacerle frente a esta problemática?
En este contexto, el pasado lunes 21 de septiembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 que prácticamente es una autoevaluación que permite saber a los países dónde se encuentran y para donde quieren orientar su política en la materia.
De este modo, al leer dicho documento -el cual se los recomiendo- me parece relevante comentar dos aspectos. Por un lado, ilustra puntualmente las regiones de los estados donde operan ciertas organizaciones criminales. De hecho, en el gráfico se manejan 11 y es interesante observar que así como hay estados donde tentativamente opera una sola organización (Durango y Nayarit), también hay otras entidades donde operan hasta 7 (Estado de México).
Por otro lado, desglosa las líneas de acción que está y seguirá tomando el actual gobierno federal a través de su Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Sin lugar a duda, esta última es muy importante por dos razones.
Primero, señala que la coordinación interinstitucional es la base para combatir el fenómeno gracias a la calidad de información que se proporciona y que ayuda a generar inteligencia. Segundo, la estructura que presenta va desde la prevención hasta la impartición de justicia, es decir, maneja una visión integral e institucional para lidiar con el problema.
Ahora bien, me parece que la estrategia que presentó la UIF tiene un gran potencial y ojalá tenga los resultados esperados, sin embargo, considero que para asegurar su éxito deben integrar una variable más a esta ecuación: los(as) criminólogos(as).
A este punto tal vez se preguntarán ¿y por qué ellos(as)? Bueno, porque resulta que estos(as) profesionales son los(as) expertos(as) en la prevención del delito. Bajo esta lógica, si la UIF incorporara criminólogos(as) a sus filas para la investigación, prevención y generación de inteligencia en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, entonces estaríamos hablando de una estrategia sin margen de error. Yo le llamaría criminología fiscal.
En síntesis, me gustan las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, pero su éxito estaría garantizado si la UIF incorporara a los(as) criminólogos(as) a sus áreas de investigación, prevención e inteligencia para lograr un mayor impacto en la materia. Se los firmo ante notario público.
¿Y usted qué opina?
Fuente: Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020
