Todo Estado tiene un sistema jurídico normativo, es decir, un conjunto de leyes, que tienen el propósito de normar el comportamiento de sus ciudadanos, estableciendo aquellas conductas que están permitidas o prohibidas y con ello tener armonía, paz, así como garantizar el bien social de su población.
La mayoría de las leyes que son emitidas en los tres órdenes de gobierno, en sus primeros artículos dicen “esta ley es de orden público e interés social”, lo que significa, que su contenido es relevante para la población, puesto que su objetivo es beneficiarlos, independientemente de la materia en cuestión.
Sin embargo, la realidad es diferente, porque, aunque México es un país de creación masiva de leyes, lo cierto es que dichos instrumentos normativos fácticamente no benefician al pueblo, puesto que son creadas por los legisladores para cubrir una cuota laboral, sin importar las necesidades de la ciudadanía.
En ocasiones las leyes que son creadas, reformadas o derogadas, son hechas de forma muy rápida, sin pensar, y esto provoca problemas tales como técnica legislativa, que es muy grave para nuestros legisladores.
Muchas de éstas, han sido duramente criticadas por analistas, investigadores, académicos, porque el lenguaje con el cual están redactadas está plagado de tecnicismos, de palabras que al leerlas son poco entendibles para un porcentaje de población considerable, porque son ambiguas, de ahí que sean llamadas por algunos como “galimatías jurídicos”.
Es decir, nuestras leyes tienen serios problemas e inconsistencias, puesto que son poco claras, superficiales, confusas, e incluso muchas de ellas, se contradicen entre sí, así como con otras disposiciones normativas que conforman la legislación mexicana.
Una grave inconsistencia de nuestras disposiciones normativas, son las lagunas jurídicas en los cuerpos de las mismas, porque permiten que continúe la corrupción y la impunidad, puesto que son fijadas a propósito para que aquellos que tienen los medios económicos necesarios puedan evadir sanciones, impuestos, multas, suspensiones en cargos públicos, faltas administrativas, etcétera.
Lo cual genera la posibilidad de evadir la ley de manera legal, y con ello conseguir beneficios de acuerdo a los intereses de unos cuantos, dejando en completo estado de indefensión al ciudadano común que no tiene los medios para exigir justicia.
