Investiga la FGR a mandos de la Sedena por contrabando de 144 millones de litros de combustible en aduanas de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO. – La militarización del control aduanero y comercial en las fronteras de la República enfrenta una severa crisis de legitimidad institucional, tras destaparse una red de complicidades criminales que involucra a jefes de alta jerarquía castrense en el tráfico ilegal de hidrocarburos hacia territorio nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó y mantiene activas órdenes de aprehensión contra tres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusados de operar como las cabezas operativas de la aduana fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para permitir el contrabando masivo de 144 millones de litros de combustible. De acuerdo con expedientes judiciales revelados por el diario Reforma, este esquema de corrupción operó de forma sistemática e impune entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025, un caso procesado bajo la jurisdicción federal este martes 7 de julio de 2026.

Los tenientes coroneles prófugos y la batalla legal por el bloqueo de cuentas de la UIF

El expediente penal integra a un listado de 13 objetivos prioritarios entre militares en activo, elementos de seguridad y empresarios logísticos, de los cuales siete ya han sido formalmente detenidos. Los mandos de la Sedena que actualmente se encuentran en calidad de prófugos de la justicia fueron plenamente identificados como el teniente coronel Armando Barrera Trujillo y el teniente coronel Blas Pedro Sarabia García —quienes fungieron sucesivamente como titulares de la aduana de Matamoros durante el periodo de la investigación—, así como el teniente de policía militar Jorge García García, exsubdirector de operación aduanera del mismo recinto fiscal.

Ante el despliegue de las indagatorias federales, los registros públicos del Poder Judicial de la Federación confirman que tanto Barrera Trujillo como Sarabia García interpusieron demandas de juicios de amparo en febrero de este año en contra de las determinaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El recurso legal promovido por los mandos castrenses busca revertir de manera urgente el acuerdo de aseguramiento y congelamiento de sus cuentas bancarias, ordenado tras detectarse flujos de capital atípicos incompatibles con sus percepciones institucionales.

El esquema del cloruro de calcio y el desglose normativo de la red empresarial y aduanera

Las pesquisas ministeriales apuntan a que el cerebro corporativo de la trama criminal es el empresario Armando III Riestra Fernández, propietario de la firma Servicios Aduanales JR, quien desde enero de 2026 permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano. Los documentos oficiales confirman que parte de los 144 millones de litros siguieron ingresando ilegalmente al país incluso después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, golpe que previamente desmanteló una red similar en la Secretaría de Marina (Semar) que introdujo 564 millones de litros a través de 69 operaciones clandestinas.

Las operaciones aduaneras espurias y los criterios de evasión fiscal empleados por las corporaciones civiles en colusión con el personal de las fuerzas armadas se rigen bajo el desglose normativo del siguiente esquema de defraudación:

• Falsificación de Pedimentos y Fracciones Arancelarias: Tramitación de permisos de importación donde el hidrocarburo de contrabando era registrado de manera apócrifa bajo el concepto de solución de cloruro de calcio y aditivos para aceites lubricantes, burlando las revisiones tecnológicas de los laboratorios aduanales.

• Triangulación de Empresas Importadoras: Utilización de las razones sociales Jumandi Group (con base de operaciones en Aguascalientes) y Ferroservicios (ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro) como las destinatarias finales del combustible introducido de forma ilegal.

• Transición de Mandos en el Periodo Investigado: El mandato judicial consigna que las actividades delictivas se ejecutaron de forma continua abarcando las dos gestiones militares: la de Armando Barrera Trujillo (del 1 de junio de 2024 al 15 de julio de 2025) y la del actual titular de la aduana, Blas Pedro Sarabia García, quien asumió el mando inmediato a partir del 15 de julio de 2025.

Esta cadena de escándalos coloca bajo un profundo cuestionamiento la estrategia implementada a mediados de 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien transfirió de forma permanente el control de las aduanas terrestres al Ejército y los puertos marítimos a la Marina bajo el argumento de combatir la corrupción civil mediante la supuesta honestidad castrense. En perspectiva, los hechos demuestran un desgaste en los controles internos de las fuerzas armadas en la frontera norte del país.

Indicadores métricos del contrabando de hidrocarburos en la frontera norte

• 144 Millones de litros de combustible fueron introducidos ilegalmente por la aduana de Matamoros.

• 13 Personas integran la lista oficial de objetivos con orden de aprehensión por la FGR.

• 564 Millones de litros contrabandeó la red paralela de la Marina en puertos marítimos.

• 3 Mandos del Ejército con rango de Teniente Coronel y Teniente se encuentran prófugos.