Síntesis
En esta breve opinión analizamos, desde una perspectiva jurídico-criminológica, la dimensión e impacto de la delincuencia tecnológica en nuestras vidas a través de dos ejemplos y reflexionamos de que el proceso de victimización, lejos de minimizarse y estigmatizarse, éste debe ser un llamado colectivo a la consciencia y al actuar estratégico gubernamental.
Artículo
Sin temor a equivocarme, una de las mayores bondades que disfrutamos actualmente es la tecnología. Por ejemplo, hace 20 años era utópico pensar que nuestra televisión fuera plana, tuviera acceso a internet y pudiéramos ver series o películas en plataformas digitales. Incluso me atrevo a especular que la tecnología se ha desarrollado a tal punto que ya dependemos de ella, para bien y para mal.
Realmente es sencillo considerar sus beneficios como el ya mencionado o el tema de los celulares. Estos dispositivos son algo maravilloso porque podemos, al mismo tiempo, redactar documentos, leer libros electrónicos, informarnos de las últimas noticias al momento, estar en contacto con nuestros seres queridos y hacer transferencias bancarias. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que la misma tecnología presenta desventajas considerables en función del uso que se le dé.
Para ilustrar lo anterior, mencionaré dos casos: uno nacional y otro internacional. El primero está relacionado con el sistema financiero mexicano. ¿Recuerdan lo que sucedió con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en 2018? Exacto, un hackeo que vulneró la seguridad de nuestro sistema financiero. En esa ocasión, se robaron al menos 300 millones de pesos (EXPANSIÓN, 2018). Ahora bien, tal vez puedan pensar que eso es mucho dinero, sin embargo, es nada a comparación de lo que mueve la delincuencia tecnológica. Según El Comercio (2014), “cada año el cibercrimen mueve alrededor de 575.000 millones de dólares, más dinero de lo que genera el tráfico de drogas y equivalente al PBI de un país medio”.
El segundo ejemplo está relacionado con lo que sucedió el pasado 15 de julio donde “políticos, multimillonarios, figuras artísticas y empresas de Estados Unidos fueron el objetivo de un hackeo masivo a cuentas de Twitter” (BBC, 2020). En general, el ciberataque consistió en tomar el control de ciertas cuentas de esta red social y publicar que por cada 1,000 dólares en Bitcoins recibidos a su cuenta, regresarían el doble. Está de más decir que todo fue un engaño y, por muy asombroso que parezca, la “recaudación” alcanzó más de 100,000 dólares (BBC, 2020).
Estos dos ejemplos nos dejan tres reflexiones. La primera es que la capacidad técnica y tecnológica de los hackers es tal que pueden vulnerar la seguridad de Twitter. Dicho en otras palabras, en cualquier momento pueden hackear cuentas con menos seguridad y ni enterados. La segunda es que todas las personas que utilizamos dispositivos informáticos para nuestras actividades académicas, profesionales o personales somos potenciales víctimas directa o indirectamente. Esto cobra relevancia porque, entonces, todos debemos estar más conscientes de las dimensiones de la problemática y no minimizar ni estigmatizar este proceso de victimización.
La tercera tiene una visión más institucional porque el gobierno mexicano requiere implementar acciones estratégicas para prevenir, combatir y sancionar los delitos informáticos. En este contexto, algo sumamente necesario es actualizar el Código Penal Federal en la materia dado que tiene varias lagunas y eso puede traducirse en impunidad. Dicho esto, basta con que leamos el listado del artículo 211 bis para darnos cuenta de que la realidad le lleva años luz a la legislación penal mexicana.
En síntesis, una idea que quiero rescatar es que la delincuencia tecnológica, a pesar de ser un problema silencioso, es uno muy grave. Comento esto porque debemos darle la importancia necesaria al fenómeno antes de que sea muy tarde. En este sentido, el hecho de ser víctimas de esta problemática, lejos de minimizarse y estigmatizarse, debe ser un llamado a la sociedad en general para ser más precavidos y al gobierno en particular para actuar estratégicamente a través de políticas de seguridad eficaces.
¿Y usted qué opina?
Fuente: BBC
