Durante años, nos hemos estado preguntando, lo siguiente:
¿Existe realmente autonomía dentro de nuestro estado por parte de los poderes?, ¿Los mexicanos gozamos de la democracia?, ¿Cuánto vale nuestro voto?, ¿Como mexicanos, nos pueden respetar nuestros derechos a la elección o pueden ser violentados?, ¿Nuestras instituciones, realizan satisfactoriamente sus labores?
Todas estas han sido algunas de las cuestiones que tenemos como mexicanos para poder hacernos dudar de nuestras instituciones, sin embargo el día once (11) de mayo del año en curso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía sobre las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumulados 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y 120/2019, las cuales fueron iniciadas por los siguientes partidos políticos: Partido de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Todas en contra de la Reforma Publicada en el mes de Octubre de 2019, aprobada por el Congreso de Baja California, la cuál consistía en ampliar el mandato de dos años a cinco años del Gobernador Electo, de nombre Jaime Bonilla Valdez del Partido Movimiento Regeneración Nacional o también conocido como MORENA, con la finalidad de que se pudiera empalmar con las siguientes elecciones federales del 2024.
Sin embargo, no contaban con la pericia, perspicacia y astucia por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al momento de resolver dicha acción inconstitucional, decidieron tomar en cuenta como pieza fundamental el siguiente parámetro:
- El principio democrático. – En el cuál se encuentran diversos Derechos, pero el que más destaca entre ellos, es el principio de poder elegir o decidir a sus gobernantes, otorgándoles la oportunidad de expresarse a través de las Urnas.
Mismo, que había sido violentado al momento de ignorar a sus ciudadanos, debido a que no se les había mencionado en ningún momento a sus votantes sobre aquella prolongación de tiempo en la gobernatura,también se debe de tomar en cuenta que los ciudadanos que votaron por él lo hicieron para que cumplieran su labor, por un cierto tiempo.
Debido a esto se estaba también violentando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cuál es reconocida, por nuestra Constitución como instrumento Internacional, la cual dice lo siguiente:
“Artículo 21.-
- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos…
… 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
Dando a entender, que los ciudadanos pueden participar dentro del gobierno de su país a través de sus representantes escogidos libremente por ellos o directos, por lo tanto al considerarse las elecciones como un cargo público a partir de un representante elegido por el pueblo durante un tiempo estipulado, se violentaba dicho instrumento internacional.
Y sin ir más lejos en el ámbito internacional y adentrándonos en el ámbito local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un certero golpe autoridad y autonomía al emitir su fallo y declarar como inconstitucional las modificaciones que le querían hacer a la constitución local de Baja California, extendiendo el tiempo del mandato del actual gobernador.
Cabe destacar que la emisión de dicho falloha sido un gran parteaguas dentro de nuestra nación y no solo por que fue la primera sesión de forma virtual, por parte del pleno, sino por el antecedente que obtuvo al ser aprobada las acciones de inconstitucionalidad en forma unánime.
Tras dicho fallo de la Corte de Justicia, el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, se hizo presente a través de twitter indicando, que se encuentra listo, para las elecciones de las gobernaturas, en donde se encuentra contemplada Baja California.
Por último, me gustaría hacerles las siguientes preguntas:
Realmente la SCJN ¿cuenta con autonomía respecto al gobierno en turno? o influyó la ruptura entre Bonilla y AMLO.
¿Qué pasará con las personas que permitieron y apoyaron este acto inconstitucional? ¿Recibirán una sanción?
FB: Avelino Encarnación
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