El panorama del comercio ilegal de vida silvestre y la necesidad de priorizar su control como estrategia ante la nueva normalidad

No se conoce con exactitud el origen del virus COVID 19, sin embargo, se sabe que es una enfermedad zoonótica. Esto es, una enfermedad infecciosa de gérmenes que se trasmiten de animales a humanos, a través de exposición directa o indirecta. La exposición directa puede darse por contacto con las especies o invasión de su entorno; mientras que la indirecta puede ser por consumo. Estas enfermedades representan el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes.

El tráfico o comercio ilegal de especies animales o vegetales de vida silvestre, es catalogado como el elemento fuente de exposición directa. Éste es considerado a nivel internacional como delito grave y representa uno de los mayores comercios ilegales ocupando el cuarto lugar de acuerdo el Fondo Mundial para la Naturaleza, encontrándose por debajo del tráfico de drogas, trata de personas y falsificación de productos. Según el reporte “Atlas Mundial de Flujos Ilícitos”, este delito es de los que más ganancia genera para la delincuencia organizada, logrando un estimado en 2018 de aproximadamente 23 millones de dólares en el año.

El comercio es variado e incluye especies animales vivos, muertos, productos alimentarios, bienes de cuero exóticos, especies vegetales, entre otros. La adquisición de animales vivos se da principalmente para la caza ilegal o para efecto de domesticar, mientras que la adquisición de animales muertos se da con propósitos de ornato o aprovechamiento de pieles.

Este delito no viene por sí solo, sino en sinergia con otros, como son: falsificación de documentos, fraude, evasión de impuestos, corrupción, etc. En 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, detectó 280 mercados en línea de tráfico de especies.

Se preguntarán ¿Qué relación tiene nuestro país con estos datos internacionales? México forma parte de los 17 países mega diversos del mundo; eso significa que alberga una gran diversidad de animales y plantas existentes en el mundo. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México posee la mayor cantidad de diversidad en general, pero ocupa el segundo lugar en reptiles, tercer lugar en mamíferos, quinto lugar en anfibios y plantas, y el onceavo lugar en aves. Siendo el país un buen punto de tráfico por su ubicación geográfica y la parte sur de la República, la zona más afectada por extracción de especies, mientras que los principales países de compra son China, Estados Unidos y España.

A nivel internacional, México forma parte del acuerdo internacional entre gobiernos denominado Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). A nivel nacional, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente regula el uso y aprovechamiento de especies, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento regulan la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat; siendo respaldadas por disposiciones técnicas denominadas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las que regulan las especies en peligro, amenaza y sujetas a protección especial.

El delito de tráfico ilegal de vida silvestre se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en su artículo 420, como parte de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Integra distintos supuestos entre los que reconoce la responsabilidad de todos los involucrados durante cualquier etapa del tráfico de especies, que van desde la captura hasta el comercio y su adquisición.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las especies más traficadas en México, son: guacamayas rojas y verdes, loros, perico cabeza amarilla, tucanes, monos, ocelotes, tarántulas, víbora de cascabel, halcón harris y reptiles. Los mamíferos más traficados son mono araña, mono aullador y jaguar. Las especies pequeñas con un costo aproximado entre 20 mil a 75 mil pesos, según el tipo; y las especies exóticas grandes como el jaguar, oscilan entre 2 mil a 30 mil dólares, según su edad. Siendo los passeriformes de los grupos más afectados de aves para venta como mascota, a bajo costo.

La denuncia por tráfico ilegal se puede realizar vía telefónica (800 PROFEPA), por medio del portal oficial, vía correo electrónico, en módulos de atención, oficinas delegacionales o centrales de la referida Procuraduría. Debiendo proporcionar los datos del denunciante, mismos que podrán solicitar se mantengan en secreto, los datos del denunciado, debiendo ser muy claro y específico en cuanto a la información del lugar de los hechos y de ser posible, con el respaldo de pruebas fotográficas o documentales.

El traslado, importación y exportación de especies no siempre es ilegal. De acuerdo con la LGVS, podrán otorgarse autorizaciones que acrediten la legal procedencia, mismas que deberán cumplir con las disposiciones y ser autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las NOM y el CITES.

El tráfico ilegal de especies se encuentra en manos de numerosos grupos organizados, con poder adquisitivo y de influencias nacionales e internacionales, que dificultan su abatimiento. La constante y aparente falta de interés a través de los años del Gobierno Federal por priorizar los temas ambientales, genera como consecuencia las limitantes presupuestales y de personal, que hacen casi imposible asumir el control de la problemática; la falta de vinculación entre las distintas autoridades, además de un desinterés de múltiples funcionarios públicos por los temas ambientales, que no permiten la colaboración con las autoridades ambientales.

Existe una constante inseguridad contra los defensores ambientales derivado de los intereses políticos y/o económicos. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2012 a 2019 se han registrado 499 ataques en contra de defensores ambientales. Ahora bien, si se relaciona con el desinterés de las autoridades que se mencionó anteriormente, de la investigación del CEMDA se pudo concluir que el 39% de los ataques fueron presuntamente responsabilidad de las autoridades.

Es necesario reconocer la importancia de la protección del medio ambiente a través de la recuperación de espacios, priorizando unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, el impulso a proyectos y actividades científicas, técnicas y académicas, actualización de registro de especies y de poblaciones en riesgo, que sirvan de respaldo para integrar políticas públicas completas que den respuesta a este problema tan complejo, como parte de una nueva normalidad.

Actuar como se venía actuando, podrá llevarnos a nuevas enfermedades zoonóticas y más episodios como el de los últimos cuatro meses. Se trata de una responsabilidad no solo de las autoridades, sino también de ciudadanos al no ser partícipes del tráfico de especies y denunciar; y que la protección a la sociedad civil y defensores ambientales sea considerada elemento clave para el éxito de las políticas de protección al ambiente. Este delito no solo amenaza a la biodiversidad sino a la humanidad.