La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una vasta red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, que habría operado en la aduana de Tampico entre 2023 y 2025. La información fue revelada por el exdirector de esa aduana, ahora convertido en testigo protegido con el nombre clave de “Santo”.
LA RED DE LOS PRIMOS
De acuerdo con el testimonio al que el periódico MILENIO tuvo acceso, la red era controlada por una organización llamada “Los Primos”, supuestamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La investigación revela que la red sobornaba a personal naval y de aduanas con pagos millonarios. Cada barco de contrabando que llegaba al puerto de Tampico generaba una “cuota” de 1 millón 750 mil pesos para los sobornos. En total, seis buques cargados con millones de litros de combustible atracaron hasta 14 veces, con la complicidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
EL TESTIMONIO CLAVE
El exdirector de la aduana, un capitán de profesión, se convirtió en testigo colaborador de la FGR. Su testimonio ha proporcionado detalles sobre cómo se manejaba el contrabando, que incluía la corrupción de personal y la falsificación de documentos y manifiestos de carga. Según su declaración, durante el tiempo que colaboró con “Los Primos”, “Santo” distribuyó casi 25 millones de pesos en sobornos.
LA DISTRIBUCIÓN DE SOBORNOS
El testimonio de “Santo” detalla cómo se repartían las ganancias por cada buque:
“Santo”: 300 mil pesos.
Personal de UNAPROP: 250 mil pesos.
Claudio Estudillo Villalobos (subdirector de operaciones de aduana de Tampico): 200 mil pesos.
Capitán Sergio Varela (subdirector de Vigilancia y Control): 125 mil pesos.
Perla Elizabeth Castro Sánchez (jefa de departamento y operaciones): 125 mil pesos.
Endira Xóchitl Palomo Chávez (jefa de Departamento de Recintos Fiscales): 125 mil pesos.
Ismael Ricaño Matías y Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez (verificadores): 100 mil pesos cada uno.
Raúl Mendoza (jefe de Departamento de Módulos): 125 mil pesos.
Modulador: 100 mil pesos.
Capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Raúl Tavera González: 100 mil pesos cada uno.
¿POR QUÉ SE ROMPIÓ LA RED?
“Santo” confesó a la FGR que decidió colaborar por temor a su vida. El 19 de abril, tras resguardar cerca de 30 millones de pesos, su familia recibió una llamada de secuestro, a pesar de que él se encontraba viajando. Esta amenaza lo llevó a confesar y a devolver el dinero.
“Me siento triste, impotente, avergonzado por no haber actuado antes, fui engatusado y manejado por esa persona”, declaró ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La FGR, que inició la causa penal 305/2025, asegura que la red involucró a funcionarios de alto nivel de la Dirección de Supervisión de Aduanas Marítimas de la ANAM, y que los 12 a 14 buques que arribaron al puerto transportaban combustible que era disfrazado como “aditivos para aceites lubricantes” para no levantar sospechas. El caso sigue en investigación, pero el testimonio de “Santo” ha sido crucial para desentrañar la operación.
Insurgente Mx
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