Internos que presuntamente controlan el penal de San Miguel, en Puebla, estarían exigiendo a familiares de otras personas privadas de la libertad pagos de hasta 100 mil pesos para evitar que sus seres queridos sean golpeados.
La grave denuncia fue difundida por Saskia Niño de Rivera, quien expuso una presunta red de extorsiones al interior del Centro de Reinserción Social de Puebla, donde algunos reclusos habrían impuesto sus propias reglas mediante amenazas y violencia.
De acuerdo con la información compartida, las familias reciben exigencias económicas de 30, 40, 50 y hasta 100 mil pesos a cambio de garantizar la integridad física de sus familiares.
Quienes no pagan, enfrentan las consecuencias: sus familiares son golpeados dentro del centro penitenciario, según los señalamientos difundidos.
Lo más alarmante es que estas acusaciones apuntan a un problema mucho más profundo: la presunta existencia de grupos de internos que ejercen el control sobre otros reclusos, convirtiendo la seguridad de las personas privadas de la libertad en un negocio.
¿Quién manda realmente en el penal de San Miguel: las autoridades penitenciarias o los propios internos?
La denuncia pone nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad y vigilancia dentro del Cereso poblano, además de abrir interrogantes sobre cómo podrían operar estas extorsiones sin ser detectadas o detenidas.
Hasta el momento, los señalamientos difundidos por Saskia Niño de Rivera requieren una investigación que permita determinar responsabilidades y establecer si existe participación, complicidad u omisión de personal penitenciario.
Porque una cosa es cumplir una condena y otra muy distinta que las familias tengan que pagar miles de pesos para evitar que sus seres queridos sean golpeados.
