La diputada local Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, con el propósito de establecer reglas específicas para prevenir y controlar el uso de tecnologías de vigilancia y extracción de información digital por parte de instituciones públicas.
La propuesta plantea prohibir expresamente el uso de estas herramientas con fines de persecución política, intimidación o represalias. También busca establecer medidas de protección para periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos frente a posibles prácticas de vigilancia relacionadas con el ejercicio legítimo de sus actividades.
Iniciativa plantea controles para el uso de herramientas digitales
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran establecer obligaciones de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el tratamiento de información obtenida mediante tecnologías especializadas.
Asimismo, contempla exigir registros y bitácoras de las operaciones de extracción, consulta, análisis y transferencia de información digital, con el objetivo de facilitar la supervisión de estas actividades.
La iniciativa también propone fortalecer los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas, así como establecer responsabilidades administrativas cuando las tecnologías de vigilancia sean utilizadas en contravención de las disposiciones legales.
Otro de sus objetivos es garantizar que las herramientas empleadas para investigar delitos no se utilicen con propósitos ajenos a las atribuciones legales de las instituciones.
Delfina Pozos busca proteger derechos humanos
En la exposición de motivos, la legisladora señala que la iniciativa no pretende obstaculizar las investigaciones ministeriales ni las actividades legítimas de seguridad pública, sino asegurar que se desarrollen con respeto a los derechos humanos y bajo los controles constitucionales correspondientes.
Pozos Vergara explicó que herramientas como los sistemas de geolocalización, el monitoreo digital, la extracción de información de dispositivos electrónicos y el análisis de comunicaciones pueden ser útiles para la investigación de delitos.
Sin embargo, advirtió que su utilización sin controles legales o con fines distintos a la seguridad y la procuración de justicia puede representar riesgos para la privacidad y otros derechos fundamentales.
