Consejo de la Judicatura aplica medidas cautelares tras indicios en juzgado civil y penal de Cholula
El Pleno del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó apartar temporalmente de sus funciones a los servidores de las áreas Civil y Penal del Juzgado Segundo tras auditoría del Órgano Interno de Control
PUEBLA, PUE. – La fiscalización de las actuaciones procesales y el combate sistémico a las faltas administrativas en los distritos judiciales del interior de la entidad se ratifican como las pautas de control institucional prioritarias para garantizar la certeza jurídica en los tribunales locales.
El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla ordenó la aplicación inmediata de una medida cautelar de carácter provisional, consistente en la suspensión temporal de la Secretaria de Acuerdos del área Civil y del Secretario de Acuerdos del área Penal adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. La determinación del órgano colegiado, derivada de auditorías ejecutadas por el Órgano Interno de Control (OIC), fue formalizada este martes 7 de julio de 2026.
Preservación de las diligencias y salvaguarda del debido proceso administrativo
La Judicatura poblana precisó que el cese preventivo de las funciones de ambos servidores públicos obedece de manera estricta a la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo de las carpetas de investigación administrativa en curso. Con esta remoción temporal, el Pleno busca bloquear cualquier posible interferencia que altere las evidencias físicas o digitales, asegurar que el personal del OIC recopile testimonios bajo condiciones de plena neutralidad y garantizar que las auditorías de los expedientes judiciales se realicen con absoluta objetividad.
La autoridad disciplinaria del Poder Judicial del Estado aclaró que el procedimiento de fiscalización no ha concluido y se mantiene en fase de desahogo de pruebas. En consecuencia, las resoluciones finales y las sanciones definitivas —que podrían derivar en inhabilitaciones o denuncias de índole penal— se emitirán conforme a derecho una vez agotadas las etapas de alegatos jurídicos. La institución remarcó que durante todo el litigio administrativo se vigilará el respeto irrestricto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de las personas involucradas.
Cero tolerancia a la corrupción y el desglose normativo de los ejes rectores de la función judicial
El Distrito Judicial de Cholula concentra una de las cargas de trabajo de litigio civil, mercantil y penal más densas de la zona metropolitana, lo que obliga a la Judicatura a mantener una supervisión estricta sobre el desempeño de sus secretarios, notificadores y jueces para evitar prácticas que configuren cohecho, dilación procesal o desvío de poder.
Los criterios de actuación, las justificaciones legales y las directrices éticas que norman la intervención del Consejo de la Judicatura en los juzgados del estado se configuran bajo el desglose normativo de los siguientes pilares de disciplina:
Aplicación de Medidas Cautelares Preventivas: Separación del cargo de los secretarios de acuerdos de lo Civil y de lo Penal del Juzgado Segundo sin que esto signifique una sentencia anticipada de culpabilidad o responsabilidad plena.
Preservación de la Integridad del Procedimiento: Blindaje de los libros de gobierno, los expedientes físicos, las resoluciones impresas y los sistemas informáticos del juzgado para evitar modificaciones fraudulentas durante la auditoría.
Vigilancia por el Órgano Interno de Control: Conducción de las inspecciones y deslinde de responsabilidades a cargo del OIC, instancia autónoma encargada de auditar el uso de recursos y el apego a la ley de los servidores de la judicatura.
Garantía de Confianza Ciudadana: Activación de canales de denuncia interna para que la sociedad, litigantes y litigantes en la región de Cholula reporten anomalías procesales, cobros indebidos o retrasos deliberados en la impartición de justicia.
Con esta resolución, el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla refrenda su postura firme de sancionar de manera estricta cualquier conducta que se aparte de la legalidad, transparencia y rectitud. La Judicatura busca enviar un mensaje contundente a todo el organigrama del Poder Judicial local, ratificando que la función jurisdiccional debe mantenerse al servicio directo del bienestar social y el orden constitucional de la entidad.
