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Congreso de Puebla blinda a menores en orfandad y aprueba capacitación policial contra violencia familiar

La Comisión de la Familia, presidida por Fer de la Barreda, dictamina reformas clave para priorizar programas sociales a la niñez vulnerable y evitar su revictimización

PUEBLA, PUE. – Con la firme prioridad legislativa de robustecer el marco de protección hacia los sectores más vulnerables de la infancia y profesionalizar la actuación de las fuerzas de seguridad locales, la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez del Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad dos importantes dictámenes encaminados a salvaguardar el Interés Superior de la Niñez.

El primer dictamen, presentado durante la sesión ordinaria del órgano colegiado que encabeza la diputada María Fernanda De la Barreda Angon, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Esta modificación legal reconoce formalmente la orfandad como una condición prioritaria de vulnerabilidad, obligando al Estado a garantizar de manera preferente el acceso de estos menores a los programas de desarrollo social vigentes.

Enfoque de género y modernización de la Ley de la Niñez

La reforma —que unificó bajo el principio de concentración las propuestas de las diputadas Azucena Rosas Tapia y Modesta Delgado Juárez, así como del diputado José Luis Figueroa Cortés— introduce una perspectiva de derechos humanos de avanzada al fijar las diferencias de género como un factor preponderante de análisis ante casos de discriminación.

Específicamente, el decreto modifica el tercer párrafo del artículo 11 Bis, el primer párrafo del 55, el capítulo 68, el 69 y la fracción VIII del 122; además, adiciona un tercer párrafo al artículo 55 de la citada ley, logrando además una armonización técnica con la estructura administrativa de la entidad al actualizar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo.

Exhorto a municipios: Policías capacitados como “Primer Respondiente”

En un segundo bloque de la sesión, los legisladores avalaron un enérgico proyecto de acuerdo para exhortar a los 217 Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad a fortalecer de inmediato la profesionalización de sus cuerpos policiacos bajo los lineamientos del Protocolo Nacional de Actuación “Primer Respondiente”.

La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Fer de la Barreda, busca capacitar a los elementos operativos en tres materias críticas: derechos humanos, debida diligencia y protección a víctimas. Con esto se pretende asegurar intervenciones oportunas y sensibles en escenarios de violencia familiar y delitos que involucren de forma directa a menores de edad.

Dependencia o Enfoque LegislativoModificación / Acción Concreta AprobadaImpacto Real en los Municipios de Puebla
• Desarrollo Social y Niñez• Inclusión de la orfandad como estado de vulnerabilidad jurídica y social.• Acceso prioritario y obligatorio a becas, apoyos alimentarios y programas de asistencia estatal.
• Seguridad Pública Municipal• Profesionalización policial obligatoria bajo el esquema de Primer Respondiente.• Atención inmediata y con perspectiva de derechos humanos en llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar.
• No Revictimización• Aplicación transversal del Interés Superior de la Niñez en partes informativos.• Evita que los menores sufran violencia institucional o psicológica al momento de declarar o ser resguardados.

Posturas parlamentarias: Romper el ciclo de la violencia

Durante el análisis del acuerdo, la diputada Beatriz Manrique Guevara consideró fundamental dotar de herramientas cognitivas y protocolos claros a las policías municipales para “romper de tajo la normalización de la violencia y garantizar que los infantes no sean revictimizados por la propia autoridad”.

En el mismo sentido, la legisladora Esther Martínez Romano enfatizó que la debida diligencia debe guiar el actuar diario de las corporaciones locales. Cabe destacar que a la sesión de trabajo y debate asistieron también los diputados integrantes Julio Miguel Huerta Gómez y las legisladoras promoventes.

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