Confirma la SSP dos linchamientos consumados en Puebla durante 2026; indagan homicidio en Cohuecan
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, admitió que el temor de los paramédicos a la turba enardecida retrasó el auxilio médico de la víctima, quien falleció por quemaduras y golpes tras ser acusada de robo de llantas
PUEBLA, PUE. – El fenómeno de la justicia por propia mano y los límites operativos de los cuerpos de rescate frente a disturbios sociales volvieron a colocarse en el centro de la agenda de gobernabilidad del estado, evidenciando la complejidad de intervenir en regiones regidas por usos y costumbres.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que en lo que va del año 2026 se han consumado dos linchamientos en el territorio estatal. Al desglosar los hechos violentos ocurridos este fin de semana en el municipio de Cohuecan, el funcionario reconoció de forma explícita que no fue posible aplicar el protocolo de actuación de manera oportuna, debido a que la ambulancia asignada sufrió un retraso crítico para ingresar al sitio debido al riesgo inminente que representaba una multitud enardecida. La postura oficial fue emitida este martes 7 de julio de 2026.
La retención en la carretera a San Juan Amecac y el repliegue de los paramédicos
Los hechos delictivos se suscitaron sobre la carretera federal con rumbo a la comunidad de San Juan Amecac, perteneciente al municipio de Cohuecan. En ese punto, un grupo de pobladores retuvo, golpeó de manera tumultuaria y posteriormente le prendió fuego a un masculino, a quien señalaban de forma extraoficial como el presunto responsable del delito de robo de neumáticos en la periferia de la demarcación.
Sánchez González explicó que, cuando las corporaciones de seguridad pública lograron romper los cercos para intentar rescatar al sospechoso, este ya presentaba traumatismos severos en todo el cuerpo. Detalló que los técnicos en urgencias médicas manifestaron un temor fundado de ingresar al epicentro del conflicto mientras la turba permaneciera violenta; a pesar de que los elementos policiacos brindaron resguardo perimetral posterior para facilitar el acceso de la ambulancia, el tiempo perdido impidió que el hombre llegara con signos vitales al nosocomio, pereciendo a causa de heridas mortales.
Capacitación en los tres órdenes de gobierno y el desglose normativo de las carpetas por homicidio doloso
Pese a la gravedad del evento en Cohuecan, el secretario de la SSP remarcó que la incidencia de estos linchamientos registra una tendencia a la baja en comparación con los indicadores del ejercicio fiscal anterior, periodo en el cual las fuerzas del orden atendieron y contuvieron más de 90 intentos de ejecución por mano propia en diversas regiones de la entidad.
Los criterios de persecución penal de los partícipes y los programas de contención institucional implementados por el Poder Ejecutivo del Estado se rigen bajo el desglose normativo de las siguientes acciones y directrices jurídicas:
Apertura de Investigación por Homicidio Doloso: La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene bajo reserva una carpeta de investigación formal, orientada a identificar mediante peritajes y grabaciones a los dinamizadores de la turba, advirtiendo que participar en linchamientos constituye un delito grave que genera consecuencias penales.
Capacitación del Protocolo de Actuación: Al arranque de la actual administración estatal, se adiestró a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para agilizar la extracción de retenidos, reconociendo que los usos y costumbres de ciertas comunidades complican las negociaciones operativas.
El Antecedente de Tlachichuca: Los archivos oficiales de la SSP catalogan el caso de Cohuecan como el segundo hecho consumado de 2026; el primer linchamiento del año ocurrió en el municipio de Tlachichuca, bajo un esquema de retención similar.
Condena Pública de la Administración Estatal: El Gobierno de Puebla emitió un desplegado de condena enérgica, reiterando que la aplicación de la justicia no puede justificarse mediante la comisión de actos delictivos que violen los derechos humanos.
Francisco Sánchez González concluyó su intervención haciendo un llamado urgente a los comités vecinales y a los alcaldes de la Mixteca y la zona del Valle de Atlixco para canalizar cualquier agravio o conducta sospechosa a través de las agencias del Ministerio Público, permitiendo que sean las policías preventivas y las fiscalías las encargadas de sancionar los delitos patrimoniales bajo los marcos legales vigentes.
