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Puebla Contra la Corrupción revela las licitaciones de Pacheco Pulido

La nueva publicación de PCCI documenta anomalías millonarias a través de empresas fantasma.

De enero a julio de 2019, durante el gobierno interino del estado de Puebla, se pagaron en obra pública alrededor de 203 millones de pesos del erario a empresas fantasma o empresas fachada y a obras inexistentes, dio a conocer la asociación Puebla Contra la Corrupción e Impunidad (PCCI).

Bajo el titulo “Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido“, también dio a conocer que se otorgó un contrato por más de 270 millones de pesos a Constructora Urbaniq, S.A. de C.V. –empresa cuyo domicilio es inexistente–, por arreglos al Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla.

En el escrito señala que estas irregularidades fueron posibles gracias a la complicidad o ausencia gubernamental, pues además de una red de empresas fachada, el Estado pagó 47.8 millones de pesos por obras inconclusas que el gobierno de Miguel Barbosa ordenó suspender.

Todo esto lo prueban documentos oficiales de las 26 licitaciones que por un monto de mil 117 millones de pesos se ejercieron en los primeros meses de 2019.

En octubre del año pasado el periódico El Universal publicó una nota relativa a una serie de obras que jamás se llevaron a cabo. En dicho reportaje se dio a conocer que el gobierno interino de Puebla había malversado un total de 196 millones de pesos. Sin embargo, hemos descubierto que los fondos malversados son mayores y que, además, varias de las empresas participantes en las licitaciones realizadas bajo el mandato de Guillermo Pacheco Pulido se encuentran en situación irregular.

La actual Secretaría de la Función Pública del gobierno de Luis Miguel Barbosa debe explicar a la ciudadanía poblana lo ocurrido con por lo menos 521 millones de pesos que fueron ejercidos en obra pública durante los seis meses que duró la administración del gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido. La absoluta inactividad de las autoridades encargadas de inspeccionar y auditar el gasto público evidencia importantes niveles de ineficiencia, o bien, una falta de voluntad para cumplir con sus facultades dispuestas en la ley y escudriñar cómo, dónde y por qué se ejercieron esos montos de dinero.

PCCI, a través de solicitudes de información, tuvo acceso a documentos oficiales de ayuntamientos en cuyos territorios se localizaron los proyectos de obra. Estos documentos muestran que muchas de estas obras ni siquiera se realizaron, así como que existen irregularidades en la celebración de contratos, mismas que ponen en tela de juicio la legalidad de estos procesos. Oficios firmados por servidores públicos que acrediten obras y empresas inexistentes, adelantos pagados para obras canceladas y gasto público sin auditar, son tan sólo algunos de los incidentes que se presentaron en estos lucrativos seis meses de gobierno.

FC

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