El pasado domingo 26 de enero, miles de personas se manifestaron en Culiacán, Sinaloa, en una marcha que exigía paz y justicia tras la reciente ola de violencia que azota al estado.
Esta movilización fue la segunda en menos de una semana, impulsada por el asesinato de dos menores, Alexander y Gael Antonio, y su padre, Antonio Sarmiento, quienes fueron víctimas de un ataque armado.
Los manifestantes se reunieron inicialmente frente a la catedral y marcharon hacia el Palacio Municipal, exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya debido a su incapacidad para enfrentar la creciente inseguridad en el estado.
Miles de ciudadanos salieron a las calles en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, en exigencia de paz, seguridad, acciones para localizar a personas desaparecidas y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.
Desde septiembre de 2024, más de 700 personas han perdido la vida en Culiacán debido a la violencia relacionada con el narcotráfico.
Además 858 personas fueron privadas de la libertad, se han reportado más 2 mil robos de vehículos, al menos 218 personas detenidas y 50 abatidas.
MARCHA EN SINALOA
La marcha se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en Sinaloa.
Los asistentes incluyeron familiares de víctimas de la violencia, quienes expresaron su frustración y dolor por la falta de acción del gobierno.
Entre los asistentes había familias, menores de edad, integrantes de colectivos de búsqueda, organizaciones y víctimas de la violencia, quienes asistieron vestidos de blanco.
La situación se ha vuelto crítica, con un aumento significativo en los homicidios y desapariciones.
Durante la protesta anterior, que tuvo lugar el 23 de enero, los manifestantes también tomaron el Palacio de Gobierno, donde se reportaron actos de vandalismo.
En ambas ocasiones, el sentimiento general fue uno de desesperación y un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la violencia.
La respuesta del gobierno ante estas manifestaciones ha sido objeto de críticas.
Los ciudadanos exigen no solo justicia por los recientes asesinatos, sino también un cambio en la estrategia para abordar la inseguridad que afecta a sus comunidades.
La presión sobre Rocha Moya continúa aumentando mientras los culiacanenses buscan respuestas y soluciones a un problema que ha devastado vidas y familias.
