En un movimiento sin precedentes para fortalecer la función pública, el gabinete del Gobierno de Puebla, liderado por el gobernador Alejandro Armenta, recibió una capacitación integral en materia de derechos humanos.
La sesión, impartida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Isela Sánchez Soya, se centró en el Procedimiento de Queja, la figura de la Conciliación y la Recomendación.
COMPROMISO CON LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
El gobernador Armenta enfatizó que el respeto a los derechos humanos es inherente a cualquier cargo público. Hizo un llamado a todos los secretarios a actuar con cuidado para evitar violaciones que puedan afectar a la ciudadanía, destacando que los derechos sociales universales han evolucionado y su aplicación debe ser una prioridad.
El mandatario reconoció el dinamismo de la presidenta de la CDH, Isela Sánchez Soya, en su labor para promover y verificar el respeto a los derechos de los poblanos.
Armenta elogió su trabajo, que incluye visitas a centros penitenciarios y la participación en foros, lo que ha contribuido a un mayor conocimiento de estos derechos entre la población.
CLARIFICANDO CONCEPTOS CLAVE
Durante la capacitación, Isela Sánchez Soya detalló los mecanismos de la CDH.
Explicó que la conciliación es un procedimiento que sugiere soluciones a las autoridades que han cometido actos u omisiones que no representan violaciones graves. Su objetivo es resarcir los derechos humanos vulnerados.
Respecto a la queja, Sánchez Soya precisó que es una solicitud formal, que puede ser escrita, verbal o en lenguaje de señas, que permite a la CDH investigar presuntas violaciones cometidas por funcionarios estatales o municipales.
Alejandro Espidio, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, también subrayó la importancia de esta capacitación, destacando que dota a los funcionarios de una perspectiva de derechos humanos esencial para el desempeño de sus labores.
Este evento marca un hito en la administración pública de Puebla, reforzando el compromiso del gobierno con la protección y promoción de los derechos humanos en el servicio a la ciudadanía.
