PUEBLA, PUE.— El Gobierno de Puebla denunció hoy la existencia de un “Cártel de las Concesiones” heredado por administraciones panistas, un sofisticado esquema financiero que ha comprometido por décadas los recursos públicos del estado a través de contratos, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP).
La grave acusación fue presentada por José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, quien detalló que este entramado institucional comenzó a consolidarse desde el año 2013 y fue diseñado como un mecanismo de “deuda disfrazada de obligaciones financieras” para, según el funcionario, legalizar un sistema de saqueo institucional.
El Caso Crítico de la RUTA: 29 Años y $22 Mil Millones
El ejemplo más crítico señalado por García Parra es la concesión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). La concesión, otorgada durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, aún cuenta con 29 años de vigencia.
De acuerdo con el coordinador, intentar una terminación unilateral de los contratos de las cuatro líneas de RUTA tendría un costo estimado de 22 mil millones de pesos. Esta cifra es equivalente a la inversión necesaria para renovar por completo todo el sistema de transporte público de Puebla.
“Estos acuerdos fueron diseñados para que fueran intocables. Las mismas voces que hoy critican el reordenamiento del transporte son las que aprobaron estos contratos ‘amarrados jurídicamente’ en el pasado,” sentenció el funcionario.
Otros Proyectos Emblemáticos
Además de la RUTA, García Parra listó otros ejemplos que forman parte del “Cártel de las Concesiones”:
Museo Barroco: El funcionario indicó que sus obligaciones financieras se mantienen vigentes, comprometiendo recursos estatales.
Concesión del Agua Potable: Se recordó que, mediante estos acuerdos, se excluyó al Congreso estatal del control de tarifas desde 2013, dejando este servicio estratégico en manos privadas sin supervisión legislativa.
La Cifra del Impacto Financiero
El coordinador de Gabinete reiteró que el reto del gobierno es “poner orden” y revisar cada acuerdo, pues aún existen PPS vigentes por al menos 10 años.
Actualmente, el Gobierno de Puebla se ve obligado a destinar más de mil 900 millones de pesos anualmente a pagos derivados de estos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP).
La administración estatal busca activamente desmontar este legado financiero y recuperar el control de servicios esenciales, con el objetivo de lograr sistemas de transporte y servicios públicos más transparentes y eficientes.
