Una pregunta terrible ha surgido después de los hechos acontecidos en Chiapas. ¿Hasta cuándo veremos aplicar perspectiva de género en todos los ámbitos, en los ámbitos públicos y privados, educativos e institucionales, será que necesitamos de más mujeres víctimas de vejaciones o víctimas de violencia feminicida para comenzar a actuar?
Ante ello, la actuación de las autoridades que tuvieron de primera mano la información sobre actos en contra de la entonces estudiante, antecedentes cruciales y de vital importancia para evitar cualquier conducta contra ella y demás mujeres en tal situación, aún más contra estudiantes (pasantes, internas e internos, residentes o prestadores de servicio social) quienes, muchas veces eligen lugares alejados de su zona o domicilio para brindar atención médica, tomando, una actitud leal al juramento hipocrático y una actitud social, a las comunidades más alejadas de “los lujos” o de recursos más amplios (aunque, en ocasiones no sea así) u hospitales de alta especialización. Por lo cual, se debe poner especial énfasis en garantizar un ambiente seguro para las practicantes, residentes, mencionando algunos todas ellas, así como profesionales de cualquier carrera del área de la salud es menester, esto no debe ser leído en forma limitativa ya que diversas situaciones son presentadas en más ramas de estudio, las conductas de acoso u hostigamiento sexual han formado parte de nuestra sociedad, estas a su vez han sido niegas, “tapadas” ante el ojo público, incluso tachando a quienes hacen uso efectivo de los medios legales para defenderse de ello. Esta garantía de seguridad debe llegar y estar garantizada en cualquier punto de la república, sin importar que tan cerca del zócalo o tan enclavado en puntos de difícil acceso sea. Mandar a estudiantes a zona de peligro para completar su formación como profesionista es actuar irresponsable y negligentemente, aún más si de ser comunicada dicha situación, por parte del estudiante a sus superiores inmediatos, se evita apoyar o hacer una reubicación.
La falta de atención, uso de “gafas violetas” y perspectiva de género hicieron actuar de manera despreocupada a las coordinadoras del programa al cual, Mariana se había registrado, vieron materializados una violencia por omisión, de la misma forma que su medida nula de actuación al limitarse de forma ridícula e insulsa de darle “un mes de vacaciones para despejarse”. Acciones como la emprendidas por ellas, los institutos, organismos públicos, privados, escuelas, por mencionar algunos, dejan ver el escaso interés por adoptar y ejecutar protocolos de actuación en perspectiva de género a fin de reducir o erradicar la violencia hacia las mujeres. Siguiendo esta línea, podemos hablar de la violación directa de artículo 3 de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELEM DO PARA” el cual, señala “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”[1] este mismo compendio de derechos humanos de tipo regional ha sido fundamento para las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones sobre las violaciones a derechos de las mujeres para el particular caso del estado mexicano. ¿En dónde quedó la obligación de garantizar dicho derecho humano, acaso lo consagrado por el artículo 1 de nuestra constitución federal? Ante las conductas abordas de parte de las diversas autoridades, es claro que estas disposiciones no fueron cumplidas, ni siquiera observadas o “medio estudiadas” o siquiera permitirse un ejercicio de sana critica como lo han llamado en los comunicados de poca monta para actuar, “un tiempo de reflexión” (el cual debió ser mínimo, incluso pensar en un mes para atender una situación de violencia contra la mujer resulta arcaico, tomar un tiempo tan exagerado, recalca con especial tinta el menospreciando de las luchas a través de los siglos hechas por ellas, en favor de sus derechos) en pro de una acción inmediata.
Las acciones emprendidas por el cuerpo estudiantil de la carrera de Medicina Humana C-ll de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), entre la marcha pacífica realizada en varias calles de la capital chiapaneca desde la Plaza Central, teniendo como punto final la facultad de dicha carrera y en las ciudades de Tapachula y San Cristóbal de las Casas, un paro indefinido a manera de acción ante la falta de acción por parte de dicha universidad, así como hacer público los medios de represión de parte de los titulares de la carrera para callar la respuesta inexistente dada a Mariana, han mostrado la solidez de su la comunidad estudiantil, mostrando así, que la universidad no es un espacio únicamente físico, sino la comunidad que la conforma.
Ahora, un punto que debemos hacer un principal enfoque ¿Si existen protocolos de violencia de género, por qué no se usaron? ¿Se decidió ignorar los hechos por ser poco relevantes para las instituciones? ¿Acaso la violencia sexual no tiene importancia a los ojos de las autoridades educativas, de salud, la fiscalía y unidades académicas? Hoy, DECIR QUE LAS COSAS FUNCIONAN PERFECTAMENTE EN MATERIA DE GÉNERO, pronta respuesta ante los hechos considerados como agresiones sexuales y atención integral de las víctimas, entre tantas cosas de las cuales mencionar, ES HABLAR DE FALACIAS E IDEAS IRREALES.
#JusticiaparaMariana
Que se designen las responsabilidades pertinentes, sea por comisión, omisión o ineptitud en el actuar.
Foto tomada de redes sociales
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[1] https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
