Buscan impedir que funcionarios de Puebla contraten obras de sus propios ayuntamientos
La diputada Celia Bonaga Ruiz presentó dos iniciativas para reforzar la transparencia en las contrataciones de obra pública y evitar conflictos de interés entre funcionarios municipales, sus familiares y empresas proveedoras
Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en las contrataciones públicas, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó dos iniciativas ante el Congreso de Puebla.
La primera propuesta plantea reformar la Ley Orgánica Municipal para establecer mayores obligaciones a los ayuntamientos durante los procesos de licitación y adjudicación de obras y servicios.
Entre las modificaciones se contempla que las y los presidentes municipales garanticen condiciones de imparcialidad, transparencia y libre competencia, además de abstenerse de intervenir en procedimientos cuando exista algún conflicto de interés.
Funcionarios no podrían ser proveedores de su propio Ayuntamiento
Uno de los principales cambios propuestos consiste en establecer expresamente que presidentes municipales, síndicos, regidores y titulares de dependencias y entidades de la administración pública municipal no puedan participar como proveedores, contratistas o subcontratistas en procedimientos de contratación realizados por el propio Ayuntamiento.
La iniciativa también busca evitar que esta prohibición sea evadida mediante empresas vinculadas con los propios servidores públicos.
Se consideraría incumplimiento cuando el contrato sea otorgado a una empresa en la que el funcionario, su cónyuge o sus familiares tengan participación como socios, accionistas, administradores, representantes legales o beneficiarios controladores.
La restricción abarcaría a familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.
Contratos podrían ser declarados nulos
La propuesta de Bonaga Ruiz contempla consecuencias para las contrataciones que se realicen en contra de estas disposiciones.
En caso de comprobarse una contratación irregular, los contratos serían considerados nulos y se daría vista a las autoridades correspondientes para determinar las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El objetivo es evitar que los recursos públicos destinados a infraestructura terminen beneficiando directa o indirectamente a servidores públicos que participan en la toma de decisiones dentro de los propios gobiernos municipales.
Segunda iniciativa busca blindar contratos de obra pública
La segunda propuesta plantea modificar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
El cambio busca impedir que presenten propuestas o celebren contratos aquellas personas físicas o jurídicas en las que participen, directa o indirectamente, servidores públicos involucrados en alguna etapa del procedimiento.
La restricción abarcaría a funcionarios que intervengan en la planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, supervisión o ejecución de la obra pública.
También aplicaría cuando exista un interés personal, familiar, patrimonial, económico o de negocios que pueda generar un conflicto de interés.
También contemplan empresas utilizadas como intermediarias
La iniciativa plantea ampliar la definición de conflicto de interés para evitar que los funcionarios puedan utilizar a familiares o terceras personas para obtener beneficios de contratos públicos.
Se consideraría conflicto cuando el servidor público, su cónyuge, concubina o concubinario, o sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, participen como socios, accionistas, administradores, representantes legales, apoderados o beneficiarios controladores de una empresa involucrada en el procedimiento.
Además, se contempla el supuesto de que se utilice una interpósita persona para obtener un beneficio derivado del contrato.
Buscan garantizar competencia en las obras públicas
De acuerdo con la propuesta, las modificaciones pretenden garantizar que los recursos públicos destinados a infraestructura sean ejercidos exclusivamente en beneficio de la sociedad y bajo condiciones de competencia, igualdad, transparencia y rendición de cuentas.
Las iniciativas deberán continuar con el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Puebla antes de que puedan convertirse en reformas vigentes.
Con estas propuestas, la diputada busca establecer mayores controles para evitar que quienes toman decisiones sobre el gasto público puedan beneficiarse directa o indirectamente de los contratos de obra de los gobiernos municipales.
