Entre las promesas de campaña en 2018 que otorgaron el triunfo al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está el combate a la corrupción, cuestión que ha caracterizado su mandato y que en el ámbito legislativo ha sido motivo del planteamiento de diversas iniciativas de ley, algunas de ellas de carácter preferente, tal es el caso de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el nueve de marzo de dos mil veintiuno y que entró en vigor al día siguiente.
Esta reforma, en palabras del mandatario tabasqueño, tiene como objetivo defender el interés nacional, imponer el orden, así como terminar con la corrupción, los sobreprecios, las subastas y el influyentismo arraigado durante sexenios anteriores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) únicamente beneficiaban a un sector reducido de la población a costa del patrimonio nacional. Razón por la cual, citó en la conferencia matutina respectiva, el proceso de nacionalización de la Industria Eléctrica hecha por el ex presidente Adolfo López Mateos en 1960, para demostrar que esta reforma es benéfica tanto para el Estado como para el pueblo mexicano, pues al llevarse a cabo, le devolvería al pueblo lo robado.
Asimismo, señaló que con ésta, se busca aumentar la credibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, priorizando los proyectos de abastecimiento, producción y despacho de energía proveniente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en el Sistema tarifario, esto debido a que los precios por el servicio eléctrico se actualizarán en razón de la inflación.
Respecto al orden de preferencia, esta en primer lugar las Hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente la energía generada en plantas eólicas y solares instaladas en el país, las cuales pertenecen principalmente al sector privado.
La controversia que se ha suscitado con el Poder Judicial Federal es porque algunos jueces consideran que dicha iniciativa de ley es inconstitucional porque es contraria a los artículos 25, 26 y 28 de esta disposición NORMATIVA, y porque da efecto retroactivo en perjuicio de los derecho adquiridos mediante contratos celebrados con impresionistas y empresarios durante administraciones anteriores. A manera de combate a la corrupción y con el fin llegar a lo justo es correcto el efecto retroactivo en perjuicio de los actores porque obtenían beneficios importantes en el ámbito económico a costa de la infraestructura de la Comisión y del pueblo mexicano, pero lamentablemente de manera legal esto es visto debe forma no positiva, por las modificaciones que implicaría a la Carta Magna.
Sin embargo, está reforma tiene puntos negativos porque al proteger, fortalecer y poner en el centro de este importante sector a la Comisión Federal de Electricidad, se va a instaurar el monopolio de ésta y no va a permitir la libre competencia económica puesto que no va a haber opciones para la producción y el despacho de la energía eléctrica en México, y al preferir a lo nacional frente a lo extranjero esto provocará sin duda el desempleo que generaba la inversión externa en e el país. Además, el apostar por energía fósiles antes que las energías limpias ( por considerarlas intermitentes), va causar un daño ambiental considerable, lo cual va en contra de los objetivos de la Agenda 2030 así como de el Tratado de París, de los cuales nuestro Estado forma parte.
