El gobernador del estado, Alejandro Armenta, respaldó de manera contundente la postura y los señalamientos emitidos por el Gobierno Federal respecto a la presunta red de corrupción detectada al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), deslindando por completo a la administración de la Cuarta Transformación de estas prácticas y calificando a los implicados como parte de un grupo de delincuentes enquistados en el poder.
En entrevista, el mandatario estatal felicitó a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por la exposición presentada en la conferencia matutina de la Presidencia de la República, donde se evidenció la red de simulación de operaciones y facturación falsa construida desde administraciones anteriores.
“Es un tema que lamentablemente se conoce ampliamente. Felicito a la secretaria Raquel Buenrostro por la exposición que ha dado… cómo esta es una red de corrupción, un grupo de delincuentes que se enquistaron en el Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral”, mencionó.
Alejandro Armenta subrayó que la oposición ha intentado endosar este tipo de actos de corrupción al movimiento de la 4T a pesar de que no guarda relación alguna con ellos.
Asimismo, el gobernador enfatizó que quedó en plena evidencia el origen de este círculo y de lo que calificó como una “mafia electoral” cuya ingeniería de saqueo se remonta al periodo encabezado por Lorenzo Córdova y colaboradores desde 2014.
En el marco de esta revelación, el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, detalló los montos e involucramiento del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla dentro de los diez organismos públicos locales electorales (OPLEs) con mayor volumen de contratos vinculados a dicha red.
De acuerdo con los datos presentados, en el periodo de 2014 a 2023, Puebla ocupó la novena posición nacional con 49.4 millones de pesos adjudicados a firmas como Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEC, sin embargo la cifra se elevó exponencialmente a 129.7 millones de pesos para el lapso 2024-2025.
Ante este panorama y el flujo de casi 180 millones de pesos canalizados en el territorio poblano, la administración estatal manifestó su respaldo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una fiscalización e investigación a fondo de cada uno de los contratos emitidos por el órgano electoral local.
