Alianza por la justicia; Gobierno y Poder Judicial inician la modernización del sistema en Puebla

PUEBLA, PUE. – Con el propósito de consolidar un cambio de paradigma en el sistema legal mexicano que priorice la accesibilidad, el trato digno, la transparencia y la rendición de cuentas, el Poder Judicial del Estado de Puebla encabezó la presentación oficial del Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP). Esta herramienta de alcance nacional está diseñada para evaluar y robustecer las operaciones de los tribunales a partir de la experiencia directa de las y los usuarios.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, presidió el encuentro e invocó los principios de José María Morelos y Pavón para contextualizar el humanismo de la iniciativa. El mandatario recordó que el artículo primero de la Constitución Federal mandata a todas las autoridades a garantizar de forma irrestricta los derechos humanos. Asimismo, precisó que el Poder Ejecutivo estatal se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con absoluto respeto a su autonomía, alineándose a la política de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un espejo institucional para el federalismo judicial en México

Durante la sesión plenaria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el instrumento inaugura una cultura de aprendizaje compartido entre los poderes judiciales locales.

“Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública. El tablero es un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones”, expresó el magistrado, destacando que el proyecto fortalece el federalismo judicial al integrar las distintas realidades de las regiones del país.

Por su parte, María Sirvent Bravo Ahuja, directora general de Documenta, reconoció el liderazgo de la judicatura poblana por coordinar este esfuerzo y agradeció el respaldo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). La especialista vinculó la plataforma con el reciente Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, el cual busca derribar los obstáculos que enfrentan los grupos vulnerables al acudir a los tribunales.

Doce estados integran la primera etapa de evaluación técnica

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, enfatizó que la legitimidad de los juzgadores no emana exclusivamente de la rigurosidad técnica de sus sentencias, sino de la percepción de justicia y cercanía que experimenta la ciudadanía en los pasillos de los juzgados.

Aguilar Díaz detalló que la primera fase operativa del Tablero JCP está conformada por los poderes judiciales de 12 entidades federativas:

• Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Ciudad de México (Región Centro).

• Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo (Región Sur-Sureste).

• Aguascalientes y Sinaloa (Región Occidente-Noroeste).

Rinden informe de justicia itinerante y supervisión en juzgados

En correspondencia con esta mística de trabajo, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, rindió un balance sobre las acciones de proximidad social ejecutadas en el estado. El consejero reportó el desahogo de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios de alta marginación, así como 50 despliegues itinerantes del módulo de atención ciudadana.

Finalmente, Martínez Hernández informó que se mantienen auditorías físicas y visitas de supervisión sorpresa en las distintas Casas de Justicia y juzgados de la entidad con el objetivo de erradicar malas prácticas, optimizar los tiempos de atención procesal y garantizar que la justicia no permanezca distante de las necesidades de la población.

Ficha Técnica: Implementación Nacional del Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP)

Los indicadores del tablero evaluarán variables operativas como tiempos de espera, claridad en las notificaciones, accesibilidad para personas con discapacidad y protocolos de equidad de género.