Opinión

Afecta o favorece: La autonomía de las fiscalías, sobre la búsqueda personas desaparecidas

Por Alberto Palma

En diversas ocasiones funcionarios de nivel federal como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) han externado poco compromiso y voluntad por parte de las Fiscalías y Procuradurías de justicia de las entidades federativas, en relación a la integración de información de personas desaparecidas, cadáveres no identificados y fosas clandestinas; las instituciones de procuración de justicia se refugian en la autonomía.

Prueba de ello es que en las estadísticas que presentó la CNB el pasado 6 de enero de 2020, se visualizó una tabla con los avances en la entrega de información por parte de las 33 fiscalías del país, de las cuales 12 no entregaron información y 8 fiscalías presentaron información incompleta, por lo tanto se convierten cifras inciertas.

La semana del 18 al 22 de mayo del 2020 se llevaron a cabo los foros virtuales del proyecto del Protocolo Homologado de Búsqueda presentado por la CNB para hacer las observaciones y propuestas que mejoren dicho documento junto con la sociedad civil. En dicho foro, comentó la comisionada nacional Karla Quintana, que la semana siguiente a los foros se presentaría la actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), sin embargo, al 1 de julio del presente no se ha publicado dicho registro.

El RNPED serviría como herramienta para la búsqueda de personas, teniendo datos específicos que facilitan la confronta de información entre distintas órdenes de gobierno, así como otras utilidades, se ordena en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (LRN). El retraso en la presentación del RNPED, ¿Será por falta de información de las fiscalías y procuradurías? ¿Faltarán documentos o se tendrá información inexacta? ¿No habrá forma de sancionar a las fiscalías incumplidas? la autonomía de las fiscalías, ¿Afecta o favorece en la búsqueda de personas desaparecidas?

La reforma procesal penal que permitió migrar a un sistema de justicia acusatorio ha sido uno de los cambios importantes y necesarios para reformar la justicia procesal penal en México. Desde un panorama democrático, el sistema acusatorio se considera más adecuado a los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.

Esto trae consigo la autonomía e independencia de las fiscalías, la elección del Fiscal General ahora le corresponde al poder legislativo en el cual no tiene injerencia el ejecutivo, de esta forma se evita que las investigaciones penales puedan ser manipuladas por el poder político.

La autonomía e independencia de los y las fiscales debe ser garantizada a través de la propia institución y de la regulación de varios procesos, procedimientos y criterios que representen la salvaguardia de dichos principios que deberían reflejarse en las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la Fiscalía General.  Es importante analizar cómo otros procesos necesarios en la institución como la rendición de cuentas y el régimen disciplinario de los y las fiscales, interactúan con la autonomía sin desvirtuarla; no se puede confundir la autonomía con la ausencia de observación ciudadana, transparencia, mecanismos de control y rendición de cuentas, esto permite fortalecer a la institución de credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía.

La auto-investigación de una institución, resulta poco útil, no se debería contemplar como opción en un país donde abunda la corrupción y la impunidad. Cuando las instituciones de procuración de justicia deben investigar a agentes del propio Estado, resulta muy complejo; en delitos graves como la tortura o desaparición forzada puede observarse la dificultad para obtener resultados.

En México existen numerosos casos de desaparición forzada, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el que se ven implicados diversos funcionarios públicos, municipal, estatal y federal, policías; incluso de la Procuraduría General de la República (PGR), como el ex Procurador Murillo Karam, que emitió una verdad histórica, posteriormente revocada por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El GIEI determinó la nula credibilidad de peritajes y declaraciones, había falta de pruebas y se había usado la tortura con las personas detenidas. El debido proceso falló en diversas etapas del caso. Sería buen momento de iniciar a aplicar Estándares internacionales sobre autonomía e independencia de los y las Fiscales en un Estado de Derecho.

Para evitar que las instituciones de procuración de justicia se refugien en la autonomía, omitan u obstaculicen brindar la información necesaria de personas desaparecidas, cadáveres no identificados y fosas clandestinas, sería adecuado proponer de manera específica, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acordara las reglas con las entidades federativas para el suministro, intercambio y sistematización de la información del registro, tal y como la marca la LNR; hacer efectivas las sanciones que establece dicha ley, al vencer el plazo determinado de la entrega de información requerida.

El poder legislativo podrá supervisar al igual que al Fiscal General, al Órgano Interno de Control y en su caso a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, deberá monitorear las quejas y denuncias que se interpongan en contra del personal operativo por el ejercicio de su cargo, así como sus sanciones administrativas o penales.

En un panorama general, la Fiscalía debe dar cuenta periódicamente hacia la ciudadanía, los avances en la ejecución de su plan de trabajo, logros obtenidos, obstáculos identificados y estrategias para superarlos. Es importante que la institución tenga mecanismos de coordinación con el resto de poderes del Estado que permitirá que la Fiscalía se relacione  con organizaciones de la sociedad civil, organismos especializados en temática de justicia, seguridad y derechos humanos; las mismas víctimas podrían tener participación, veeduría y fiscalización en procesos como el nombramiento del Fiscal General, mecanismos de rendición de cuentas y otros procesos importantes.

Faltará superar otro desafío con las deficiencias de bases de datos genéticos de México, ya que la ley establece la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses que permitirá consolidar las bases de datos a nivel federal y estatal, con información relevante de instituciones como la Fiscalía General de la República (antes PGR), Policía Federal división Investigación y de las fiscalías locales. Hace falta recordar el objetivo de una búsqueda, que es localizar a la persona desaparecida, de ésta forma eliminar actos de negligencia y soberbia de algunos servidores públicos cuando se trata de intercambiar información.

 

 

 

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