El diputado local del Partido Verde y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Miguel Márquez Ríos, señaló una posible complicidad de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la operación de granjas clandestinas de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla.
En entrevista este martes, el legislador se deslindó nuevamente de la reciente localización de una segunda instalación de este tipo en el municipio de Tlaola, desmantelada por autoridades estatales y federales durante el pasado fin de semana.
Márquez Ríos sostuvo que la CFE es la instancia responsable de la distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica, por lo que cuenta con herramientas para identificar posibles conexiones ilegales y detectar el robo de electricidad.
“Ellos son los que se encargan de darle mantenimiento a las líneas de mediana y baja tensión […] la Comisión Federal de Electricidad sí tiene las herramientas para poder detectar de dónde se están robando”, declaró.
Pide investigar posible robo de electricidad en Tlaola
El dirigente sindical aseguró que los integrantes del SME únicamente se encargan de generar electricidad en presas hidroeléctricas y que posteriormente entregan la energía a la CFE para su transformación y distribución.
Ante la localización de las granjas clandestinas, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso hasta sus últimas consecuencias para determinar quiénes estarían involucrados en el uso ilícito de la red eléctrica.
El diputado reiteró que no tiene relación con la operación de estas instalaciones y que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Hasta el momento, las declaraciones sobre una posible complicidad de trabajadores de la CFE corresponden a los señalamientos del legislador y no constituyen una responsabilidad acreditada.
Reportan 32 mil usuarios con adeudos en la Sierra Norte
Por otra parte, Márquez Ríos reconoció que en la región existe un rezago histórico en el pago del servicio eléctrico, situación que relacionó con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón.
De acuerdo con su estimación, alrededor de 32 mil usuarios se encuentran en cartera vencida, debido a que no cuentan con un nuevo contrato con la CFE.
Estos usuarios se distribuyen en municipios de la Sierra Norte, entre ellos Juan Galindo, Huauchinango y Ahuazotepec.
