El presidente municipal, Pepe Chedraui puntualizó que el Ayuntamiento de Puebla no tiene injerencia directa ni facultades en el proceso sancionador que la Auditoría Superior del Estado (ASE) instruyó contra el exalcalde Eduardo Rivera Pérez.
El edil morenista aclaró que el papel de la Comuna se ha limitado estrictamente a colaborar con las solicitudes de los órganos fiscalizadores mediante la entrega de la documentación requerida.
En ese sentido remarcó que las determinaciones sobre la inhabilitación por 15 años y la sanción económica de 15 millones de pesos impuestas al panista corresponden a instancias ajenas al gobierno municipal.
Pepe Chedraui insistió en que el desahogo de este asunto permanece exclusivamente dentro de los cauces administrativos y judiciales correspondientes, ajenos a las competencias de la actual administración local.
“Lo que hace el Ayuntamiento es dar la información necesaria, lo que tenemos nosotros acá. La otra parte es un tribunal administrativo”, aseveró
El expediente sancionador tiene su origen en la fiscalización del ejercicio presupuestal 2023 de la gestión anterior, dónde durante la revisión, la ASE solventó la existencia de 15 pliegos de observaciones que totalizan un presunto daño o irregularidad por más de 261 millones de pesos.
Dentro del paquete de anomalías detectadas, resalta un expediente enfocado en el área de comunicación social por un monto de 101.7 millones de pesos, derivados de la adjudicación e instrumentación de 67 contratos.
El procedimiento no se limita al excandidato a la gubernatura, toda vez que las resoluciones del órgano fiscalizador también incluyen a exintegrantes del gabinete municipal saliente, entre ellos Bernardo Arrubarrena, exsecretario de la comuna, para quien se determinó una inhabilitación de 10 años en el servicio público y una multa que asciende a los 10.5 millones de pesos.
