Tras confirmarse la resolución de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa que dictamina su inhabilitación por 15 años y una multa de 15 millones de pesos, el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para frenar lo que catalogó como una sanción infundada.
A través de sus redes sociales el panista afirmó que la medida carece de sustento legal y acusó la existencia de una embestida política motivada por el próximo proceso electoral.
El fallo, derivado de la revisión de la cuenta pública correspondiente a su gestión al frente del Ayuntamiento de Puebla en 2023, adjudica al panista un presunto abuso de funciones.
De acuerdo con los señalamientos del órgano auditor, la resolución responde a la falta de solventación de inconsistencias detectadas en el manejo de los recursos municipales.
En total, la ASE emitió 15 Pliegos de Observaciones a la gestión panista por un monto que asciende a 261 millones 290 mil 679 pesos, dónde entre los hallazgos principales destaca un pliego que contempla 101 millones 739 mil 240 pesos, asociados a 67 contratos en materia de comunicación social.
Al respecto, Eduardo Rivera sostuvo que el dictamen no es definitivo y afirmó que no existen pruebas ni elementos objetivos que acrediten anomalías en el manejo de los recursos públicos o responsabilidades atribuidas directamente a su persona.
Frente a esto, el panista remarcó que el dictamen no ha causado estado y que defenderá su inocencia por la vía legal, asegurando que no se acreditó ninguna irregularidad directa ni desvío de recursos públicos en el expediente.
Asimismo, Eduardo Rivera calificó el procedimiento administrativo como un embate con trasfondo político destinado a bloquear de manera anticipada su participación y la de la oposición en el proceso electoral de 2027.
El panista garantizó que responderá ante los señalamientos con pruebas, exigiendo un juicio justo, imparcial y apego al debido proceso.
“En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que NO fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona. Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE”, mencionó
La determinación administrativa también alcanza a colaboradores de su administración, incluyendo al exsecretario Bernardo Arrubarrena sancionado con 10 años de inhabilitación y 10.5 millones de pesos de multa.
