El Gobierno de Puebla detectó la posible participación de particulares, exfuncionarios y organizaciones sociales en el denominado Cártel Inmobiliario o del Despojo, informó el consejero jurídico estatal, Raúl Pineda Zepeda.
En entrevista, el funcionario explicó que la Consejería Jurídica identificó diversas irregularidades que podrían representar vulneraciones a los derechos de propiedad de ciudadanos en distintas regiones de la entidad.
Actualmente, la dependencia integra y analiza los expedientes para determinar si existen responsabilidades. Pineda Zepeda señaló que no se descarta la participación de exfuncionarios estatales, particulares e incluso organizaciones sociales.
Sin embargo, aclaró que todavía no es posible emitir conclusiones ni señalar directamente a posibles involucrados, debido a que las investigaciones se encuentran en una etapa de revisión y deben respetarse los derechos de las personas señaladas.
El consejero jurídico sostuvo que estas prácticas no pueden quedar sin consecuencias y adelantó que, una vez concluido el análisis, se darán a conocer las acciones legales correspondientes.
Poder Judicial investiga a tres jueces por posibles irregularidades
Las indagatorias del Ejecutivo estatal se suman a los procedimientos iniciados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla contra tres jueces, por posibles anomalías en juicios civiles relacionados con el llamado Cártel Inmobiliario.
En junio pasado, el presidente del organismo, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que se detectaron irregularidades en procedimientos de los distritos judiciales de Tehuacán, Cholula, Huejotzingo y Huauchinango.
A partir de estos hallazgos, se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles conductas delictivas.
Martínez Hernández explicó que el denominado Cártel Inmobiliario no necesariamente corresponde a una organización formalmente constituida, sino a un posible modus operandi en el que presuntamente participan integrantes del sistema judicial para favorecer despojos mediante procedimientos legales irregulares.
Entre las prácticas señaladas se encuentran los juicios reivindicatorios y los procesos de nulidad de escrituras, que podrían utilizarse para afectar los derechos de propiedad de particulares.
Buscan garantizar certeza jurídica a propietarios
Aunque las autoridades no han precisado nombres de posibles involucrados ni todos los municipios donde se habrían presentado estas prácticas, los casos detectados encendieron alertas en la administración estatal.
La Consejería Jurídica y el Poder Judicial mantienen sus respectivas revisiones para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos.
Hasta el momento, las investigaciones no representan una determinación de culpabilidad contra las personas señaladas. Las autoridades deberán establecer, mediante los procedimientos correspondientes, si existen responsabilidades.
