El juez Enrique N., adscrito al Distrito Judicial de Tecamachalco, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como por evasión de presos. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez.
La resolución se emitió la noche del 26 de octubre, durante la audiencia en la que un juez de control analizó la situación jurídica del funcionario, detenido el día 20 de ese mes en la ciudad de Puebla.
Fiscalía investiga presunta omisión en un proceso penal
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Enrique N., de 58 años, presuntamente omitió remitir en septiembre de 2024 las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante.
Según la indagatoria, esta omisión habría derivado en la evasión de una persona privada de la libertad el 18 de septiembre de ese año.
Con la vinculación a proceso, las autoridades podrán continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del funcionario.
Detienen al juez durante un cateo en Puebla
Enrique N. fue detenido el 20 de octubre durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia El Ángel, en la capital poblana.
Fuentes policiales señalaron que, durante el operativo, el funcionario presuntamente intentó ofrecer dinero a los agentes para evitar su arresto. Sin embargo, la orden de aprehensión fue cumplimentada y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.
La prisión preventiva se mantendrá durante el desarrollo de la investigación complementaria, conforme a lo determinado por el juez de control.
Antecedentes en el Poder Judicial de Puebla
El 1 de julio, Enrique N. fue removido del Distrito Judicial de Cholula. Posteriormente, se acordó su reincorporación a partir del 19 de octubre al Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal de ese distrito, un día antes de su detención.
El proceso penal continuará para esclarecer los hechos que se le atribuyen. La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad, por lo que el funcionario conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
