En Puebla, alrededor del 92% de los delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, principalmente porque las víctimas consideran que acudir ante las autoridades es una pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones, creen que el ilícito carece de importancia, temen a sus agresores o no cuentan con pruebas.
Así lo señala el informe La seguridad pública desde la mirada ciudadana: principales resultados de la ENVIPE, publicado por México Evalúa en septiembre de 2026. El análisis utiliza información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El documento también advierte que la percepción de inseguridad permanece elevada en la entidad y que la falta de denuncias dificulta conocer la dimensión real de la delincuencia, así como diseñar políticas públicas acordes con los delitos que afectan a la población.
Puebla ocupa el segundo lugar nacional en incidencia delictiva
De acuerdo con los datos citados en el análisis, Puebla registró 41 mil 876 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó al estado en el segundo lugar nacional por incidencia delictiva, solo detrás de la Ciudad de México, que reportó 68 mil 154.
La tasa poblana corresponde a la incidencia estimada para 2025 y se ubicó por encima del promedio nacional, de 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes.
Entre las conductas delictivas que forman parte del panorama estatal se encuentran el fraude, la extorsión, las amenazas, el robo en la calle o el transporte público y el robo de vehículos.
México Evalúa advierte que la estructura delictiva está cambiando: mientras algunos delitos de alto impacto han disminuido, otros, como el fraude y la extorsión, han ganado presencia y requieren respuestas específicas de las autoridades.
¿Por qué las víctimas no denuncian los delitos?
La falta de denuncia, conocida como parte de la cifra oculta o cifra negra, impide que una proporción importante de los delitos llegue al conocimiento formal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
A escala nacional, el informe calcula que 93.4% de los delitos ocurridos en 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. La cifra se ha mantenido prácticamente estancada durante más de una década: en 2013 fue de 93.8%.
Los porcentajes son todavía mayores en algunas modalidades delictivas. Para 2025, la cifra oculta nacional fue de:
- 97.5% en extorsión.
- 96.5% en fraude.
- 90.5% en amenazas.
Estos datos muestran que la ausencia de denuncias no solo limita el registro de los delitos, sino que también dificulta identificar patrones, conocer las zonas afectadas y establecer medidas de prevención e investigación.
Delincuencia genera costos superiores a 12 mil millones de pesos
El impacto de la inseguridad en Puebla también se refleja en la economía de los hogares. Según las cifras presentadas en el informe, los costos asociados a la delincuencia en la entidad superaron los 12 mil 300 millones de pesos.
Esta carga comprende las pérdidas económicas derivadas de los delitos, los recursos destinados a medidas de protección y las afectaciones a la salud, incluidas las lesiones y las consecuencias psicológicas de la victimización.
El gasto en seguridad representa un desembolso adicional para las familias, que deben destinar recursos a proteger sus viviendas, sus negocios o sus bienes, además de afrontar las pérdidas ocasionadas por los ilícitos.
México Evalúa advierte que una disminución en determinados delitos no necesariamente significa que se reduzcan en la misma proporción sus consecuencias económicas y sociales.
México Evalúa propone mejorar la denuncia y recuperar la confianza ciudadana
Ante este panorama, la organización plantea tres líneas de acción para fortalecer la respuesta institucional frente a la inseguridad.
La primera consiste en recuperar información sobre los delitos que no se denuncian, mediante mecanismos accesibles que permitan conocer la magnitud de las conductas delictivas, incluso cuando las víctimas no acuden al Ministerio Público.
La segunda propone fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, simplificar los trámites, facilitar el seguimiento de los casos y mejorar la información que reciben las personas sobre sus denuncias.
La tercera plantea ampliar los indicadores con los que se evalúan las estrategias de seguridad. Además de considerar delitos de alto impacto, México Evalúa propone tomar en cuenta las nuevas modalidades delictivas y sus repercusiones económicas y sociales.
El informe señala que atender la inseguridad requiere no solo reducir la incidencia de determinados delitos, sino también mejorar el acceso a la justicia y generar condiciones para que las víctimas puedan denunciar sin enfrentar obstáculos innecesarios.
