Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, anunció hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará la absolución otorgada a Israel Vallarta Cisneros, quien recientemente fue liberado tras casi dos décadas en prisión preventiva por el delito de secuestro.
Vallarta había abandonado el penal federal del Altiplano el pasado 1 de agosto, después de que la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, dictara sentencia absolutoria, al no encontrar pruebas suficientes que acreditaran su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Gertz Manero justificó la apelación, argumentando que, más allá del polémico montaje televisivo y las denuncias de tortura en el caso de Vallarta, existen “otras seis víctimas” de secuestro que exigen justicia.
El Fiscal General enfatizó que el secuestro es uno de los delitos más graves, y por lo tanto, la FGR tiene una “obligación moral, ética y jurídica” de defender a estas víctimas, quienes sufrieron el crimen antes de cualquier diligencia que pudiera haber sido ilegal o abusiva.
Aseguró que estas personas “no pueden quedar en estado de indefensión” y que la FGR procederá con el recurso de apelación para defender sus derechos y buscar la reparación del daño.
La prolongada detención de Vallarta por 19 años, siete meses y 23 días sin una sentencia definitiva ha puesto de relieve el debate sobre la prisión preventiva prolongada y el respeto a los derechos humanos en México.
La liberación de Vallarta se dio luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concediera un amparo, en línea con recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que pedía revisar su medida cautelar debido al deterioro de su salud.
Este caso no solo cuestionó la validez de las pruebas de la FGR, sino que también reafirmó la obligatoriedad del Estado mexicano de cumplir con las medidas provisionales de organismos internacionales para garantizar los derechos humanos y evitar encarcelamientos injustificados.
Insurgente Mx
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